La información recabada hasta ahora en el marco de la auditoria de causas de corrupción ordenada por el Consejo de la Magistratura empezó hoy a mostrar sus primeros efectos. Este mediodía fue presentado en el organismo encargado de la designación y remoción de jueces un escrito en el que se mencionan que de los primeros resultados analizados sobresalen “situaciones de excesiva demora en la tramitación de las causas que de ser confirmadas afectarían el debido proceso” y casos de algunos magistrados que “no han dado siquiera un mínimo cumplimiento al pedido de información que se les cursara oportunamente”. La presentación fue hecha por Guillermo Lipera, titular del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y Máximo Fonrouge, de la agrupación Será Justicia. Ambos son cercanos al macrismo y tuvieron un rol protagónico a la hora de buscar el desplazamiento de la Procuradora Alejandra Gils Carbò. La presentación se da en un contexto de avanzada del oficialismo que, entre otras cosas, está cerca de lograr la remoción del camarista Eduardo Freiler.
En el escrito, dirigido a Pablo Tonelli, responsable de la Comisión de Acusación y Disciplina, pidieron que se tomen medidas en el tema y señalaron los casos de Daniel Rafecas y Ariel Lijo como presuntos ejemplos de demoras en los procesos, al tiempo que apuntaron a Sebastián Ramos, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi por la supuesta falta de información enviada sobre las causas para realizar la Auditoría, ordenada en abril de 2016 precisamente tras un pedido del Colegio porteño.
Para Lipera, Fonrouge, y Diana Cohen Agrest, de la Usina de Justicia, que acompañó la presentación, del material recabado se desprende que “existen muchas causas que llevan varios años de iniciadas, cuentan con requerimiento fiscal y permanecen a la fecha en trámite, sin siquiera haberse ordenado la declaración indagatoria de las personas formalmente requeridas como imputadas”. Y así sostienen que, a modo de ejemplo, se refieren al “desempeño de los jueces a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 3 y Nro. 4, Doctores Daniel Eduardo Rafecas y Ariel Oscar Lijo, respectivamente”. En la presentación enumeraron 6 expedientes de una de las secretarías de Rafecas y 28 entre las dos secretarías del juzgado de Lijo.
En referencia a eso pidieron al Consejo que confirme si esas causas “se encontrarían en la situación de demora descripta precedentemente y en su caso, adopten los recaudos para que se brinde la información complementaria”.
Cerca del juzgado de Rafecas explicaron a PERFIL que estseguros de poder explicar cada caso que se mencione en la presentacion y agregaron que, por otra parte, el hecho de que un caso no llegue a indagatoria no quiere decir que haya sido mal instruido sino que muchas veces las denuncias no constituyen delito. "Llamar a indagatoria es la excepcion. Es muy bajo el porcentaje de casos que llegan a esa instancia", explicaron.
Desde alli insistieron en que ven con buenos ojos la auditoria y que cuando lleguen pedidos de consulta del Consejo, serán respondidos y explicados. Al tiempo que señalaron que seis casos mencionados, parece muy bajo entre miles de expedientes de corrupción que tramitan en la justicia federal.
Pujas y reacción de los jueces
La presentación también sostiene que “la falta de colaboración que denotan las respuestas de algunos magistrados, es llamativa y, por cierto, cabe ser señalada” y se refieren a ella como una señal de “opacidad”. En este punto, engloban a los titulares de los Juzgados Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, Sebastián Ramos; Nº 7, Sebastián Casanello y 8, Marcelo Martínez De Giorgi. A Martínez de Giorgi le dedicaron un párrafo aparte y sostuvieron “que responde el requerimiento con relación al juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, que subroga por jubilación del doctor Norberto Oyarbide. En cambio, en el caso del juzgado del cual él es titular, el Criminal y Correccional Nº 8, su respuesta se circunscribe a la elemental información que reporta el sistema Lex 100 (el sistema del Poder Judicial)”.
Sobre estos magistrados consideraron que se trata de un “proceder omisivo” y que se debería intimarlos “a su cumplimiento en un plazo perentorio, y en su caso, aplicarse las medidas disciplinarias que correspondieren”.
Sobre el final pidieron ser tenidos como parte y que se dé curso a los pedidos en relación a Rafecas y Lijo y se pida a Ramos, Casanello, y Martínez de Giorgi a que cumplan con el envío de la información requerida.
Consultados por Perfil, varios de los jueces señalados por la ONG se mostraron sorprendidos y molestos. en el juzgado de Martínez De Giorgi, sostienen que "no entienden qué información puede haber faltado". En el juzgado de Casanello, agregaron: "Se cumplió con todo lo que pidieron, en tiempo y forma, incluso el juez recibió personalmente a los auditores y los invito a hacer su trabajo en el juzgado con acceso a todo. Pero después el trámite se hizo a través de la Cámara Federal. El Consejo, que es el que hace la auditoría, no nos pidió ni reclamó nada. Cualquier otra cosa que necesiten, este juzgado se los vamos a dar. No hay nada que retacear porque nuestras causas están todas informatizadas, con acceso abierto de la Cámara Federal y las partes".
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