La decisión del PAMI de dar de baja a 1.500 prestadores por presuntas irregularidades abrió un fuerte debate sobre los controles en el sistema de salud para jubilados y pensionados. Según explicó Florencia Markarián, abogada previsional, la medida apunta a recuperar fondos afectados por maniobras fraudulentas y redireccionarlos hacia prestaciones legítimas.
"Con la baja de los prestadores, estos 1.500 prestadores de los 17.000 que tiene PAMI, lo que se busca es justamente revertir ese dinero que regrese a las arcas del PAMI", señaló.
La especialista recordó que las investigaciones comenzaron tras la detección de una estafa millonaria vinculada a órdenes médicas electrónicas sin respaldo y otras inconsistencias administrativas. Además, destacó que durante este año surgieron nuevas causas penales en Tucumán y Chaco relacionadas con documentación irregular, historias clínicas incompletas y registros profesionales deficientes. "Se encontraron irregularidades", resumió Markarián al explicar el fundamento de las sanciones aplicadas por el organismo.
Cómo garantiza PAMI la atención de los afiliados
Frente a la preocupación de los beneficiarios por la continuidad de los servicios médicos, la abogada aclaró que el PAMI mantiene la cobertura y ofrece alternativas para quienes deban ser reasignados a nuevos prestadores. "El PAMI garantiza la atención a sus afiliados", afirmó.
Asimismo, explicó que los afiliados pueden comunicarse con la línea 138 o acercarse a una agencia del organismo para consultar cuáles son los prestadores habilitados. En caso de inconvenientes o negativas de atención, existe la posibilidad de recurrir a la Justicia mediante una acción de amparo. "Puedan recurrir por vía de amparo que se resuelve en 48 horas como máximo", indicó.
Y agregó una definición contundente sobre la importancia de estos mecanismos: "Cuando hablamos de salud estamos hablando de la vida de las personas".
Auditorías, denuncias y controles para prevenir nuevos fraudes
Markarián explicó que las investigaciones surgieron a partir de auditorías que detectaron situaciones incompatibles con una atención médica normal. "Habían atendido 300 pacientes con 95 operaciones. Bueno, estas cuestiones son difíciles de explicar", ejemplificó.
También mencionó casos aún más llamativos: "Atenciones de 689 personas en un único día que hubiera implicado una buena atención más de 80 horas", una situación que calificó como imposible de justificar.
La especialista destacó que las auditorías forman parte de un proceso de control más amplio que también incluyó certificados de discapacidad, estudios médicos y otras prestaciones. Además, remarcó que los propios afiliados pueden colaborar denunciando irregularidades. "Los afiliados pueden denunciar las irregularidades", aseguró.
Finalmente, sostuvo que el objetivo de estas medidas es doble: proteger a los beneficiarios y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la salud.
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