Este viernes la Justicia condenó a prisión perpetua dos represores, Jorge “El Tigre” Acosta y Alberto González por los delitos sexuales cometidos contra tres detenidas desaparecidas en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
En un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a los represores a prisión perpetua por el delito de "violación agravada por haber sido cometida con el concurso de dos o más personas, reiterada en -al menos- diez oportunidades" contra Silvia Labayrú, Mabel Zanta y María Rosa Paredes, que permanecían detenidas ilegalmente en la ESMA entre 1977 y 1978.
Según la imputación de la fiscalía, González fue acusado de "obligar a la víctima a mantener relaciones sexuales", mientras que Acosta, que entonces era su jefe "generó las condiciones para que ello sucediera y posteriormente convalidó ese accionar".
En el caso de Acosta, se lo encontró culpable además de abuso deshonesto, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravado. Sin embargo, el ex jefe del GT 3.3.2 fue absuelto de la acusación de violación agravada en base al "beneficio de la duda".
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Tras considerar que los delitos sexuales perpetrados durante la última dictadura son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Federico Grunberg condenaron a Acosta a 24 años de cárcel, mientras que González a 20 años.
De esta manera, tras rechazar los planteos del abogado defensor Guillermo Fanego que había pedido la "extinción de la acción penal por prescripción", el tribunal resolvió unificar las penas de los agresores, que ya contaban con condenas anteriores en el marco de la megacausa ESMA.
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Según declaró una de las víctimas en una audiencia reservada, previo a las violaciones sexuales Acosta le dijo que para poder eventualmente quedar en libertad y reencontrarse con su familia, "la mejor manera de demostrarles que no los odiaba (a los represores), era manteniendo una relación física con alguno de ellos, debiendo entender esa situación como parte de un proceso de recuperación y del camino correcto".
Por otro lado, otra de las víctimas "refirió diferentes episodios de manoseos" y una violación en un baño mientras era "apuntada con un arma en la cabeza". La tercera mujer contó que fue "accedida carnalmente en reiteradas oportunidades" a partir del uso de la fuerza y la intimidación, "aprovechando la situación de inferioridad en la que se encontraba, que no le permitía resistirse a la consumación del acto sexual".
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La investigación sobre los delitos sexuales contra las mujeres se inició a partir de la sentencia dictada en la causa ESMA II, un desprendimiento de la megacausa ESMA sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese centro clandestino de detención entre 1976 y 1983.
En tanto, la causa por los delitos sexuales estuvo a cargo del ex juez federal Sergio Torres, hoy integrante de la Suprema Corte bonaerense.
