Mientras el submarino San Juan y sus 44 tripulantes siguen desaparecidos a casi tres meses de su último contacto con tierra, y la justicia civil investiga la eventual responsabilidad penal de los jefes navales que tenían bajo su mando la logística y las operaciones de la nave, se han difundido planes para una reforma integral de las FF.AA. Allí donde la defensa nacional constituye una “política de Estado”, las fuerzas de aire, mar y tierra son instrumento esencial de la Nación fronteras afuera, pero con frecuencia también adentro. Ocurre en países tan disímiles como Chile y China. Actúan en forma disuasiva, preventiva y combativa ante cualquier amenaza o intento de imposición por la fuerza de los intereses de una nación o coalición extranjera, o de organizaciones no estatales o para-estatales de origen trasnacional, o de grupos armados internos. En tal contexto, el hundimiento misterioso de una nave de guerra dentro del propio mar territorial es una tragedia paradigmática.
No sólo por el drama y dolor que sufren los familiares de 43 hombres y una mujer de la Armada. Sino porque, cualquiera fuere la causa de la “implosión” detectada por el sistema internacional de alerta sobre explosiones nucleares oceánicas –fallas de mantenimiento, accidente fortuito o ataque alevoso- la Argentina, dueña de unos de los mares más extensos y ricos en biodiversidad y energía a descubrir, carece desde hace décadas de buques y aeronaves suficientes para ejercer efectivamente su soberanía. Y está a ojos vista incapacitada para prestar auxilio a sus marinos en seria emergencia, buscarlos en las profundidades del mar y rescatarlos vivos o muertos. En tal contexto, la reforma militar anunciada remite a un sonado escándalo de los 90.
El asesinato del soldado Carrasco en 1994 le vino como anillo al dedo al gobierno menemista para poner en un limbo virtual el servicio militar obligatorio desde 1901, aggiornado en 1967 por el dictador Juan Carlos Onganía, y nunca derogado legalmente. La pérdida del San Juan, como inédito e inesperado espasmo nacional parece haber despertado, como el caso aludido, nuevos aires de cambio en las autoridades responsables de la defensa: el presidente de la República y comandante en Jefe de las FF.AA. y el ministro del ramo. Las diversas crónicas sobre las reformas propuestas destacan medidas siempre postergadas, junto a algunas ideas que parecen contradictorias. La futura convocatoria a ciudadanos que voluntariamente deseen entrenarse para formar un “Ejército de Reserva”, incluyendo a la Armada y Fuerza Aérea, conforma el derecho constitucional de “armarse en defensa de la nación”. La ley 24.429 de 1994 de servicio militar voluntario ya preveía la sanción de una ley para la organización, estructura, funcionamiento y capacitación de las reservas militares como “componente ineludible del sistema de defensa nacional”. La ausencia de conflictos territoriales con países limítrofes, el zigzagueante proceso de integración sudamericana y la obligada decisión de recurrir a la diplomacia y no la fuerza en el conflicto insular con Gran Bretaña, harían innecesaria una tropa nutrida en servicio.
El anunciado redespliegue de regimientos y bases “hacia las fronteras” y, al mismo tiempo, la concentración de tropas en unas pocas fuerzas de despliegue rápido, implica el cierre de decenas de unidades mediterráneas pero también fronterizas del nordeste, noroeste y oeste cordillerano, que se sitúan cerca, o a lo largo, de los 25.728 km. de fronteras terrestres y fluviales con países de la Unasur. Quedan los 5.087 kilómetros de litoral marítimo (sin contar la Antártida argentina). Desde la década de los ´90 el Brasil redesplegó hacia el Amazonas y las fronteras occidentales calientes la mayor parte de su ejército fronterizo con Argentina, Paraguay y Bolivia. Y trasladó el comando de la defensa a Brasilia. La misma geopolítica reclama que nuestro ministerio de defensa y el alto mando de las FF.AA. se sitúen a las puertas de nuestra “amazonia”: la subpoblada Patagonia, sus apetecidos recursos naturales, el inmenso mar territorial y la Antártida. ¿Qué hacen en la city porteña?
Por último un oxímoron: la noticia de que los voluntarios de la reserva militar serían orientados principalmente a aspectos tecnológicos y cibernéticos pero no estarían adiestrados para “entrar en combate”. Tener militares activos, o de la reserva, que no estén preparados para correr riesgos de heridas o muerte en tiempos de paz -como los 44 del San Juan o en accidentes propios del manejo de armas- o que no esté predispuesto a matar y morir combatiendo, como los caídos en Malvinas o las víctimas de La Tablada, es un gasto superfluo. Serán más burocracia civil, sin vocación militar, que jamás experimentará el rigor de la disciplina castrense, ni los riesgos del soldado, no es un ejército.
*Sociólogo y periodista. Ex teniente de artillería (1965-1970).
