El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a dirigentes del Polo Obrero por haberse quedado con el 2% de los planes sociales que reciben los miembros de la organización piquetera.
Marijuan acusó al legislador porteño Gabriel Solano y a Eduardo Belliboni, referente de la agrupación, por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”.
La denuncia utilizó como fundamento un artículo periodístico y algunas declaraciones de Solano, en las que aseguró: “En el Polo Obrero, hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan”.
Solano indicó que ese porcentaje “sirve para financiar lo que el Estado no financia”, dentro de lo que se encuentra el alquiler de los comedores y merenderos, además del gasto logístico y el transporte de la mercadería.
De acuerdo con el escrito, el retorno que presuntamente cobran sería del dinero de las asignaciones del Plan Potenciar Trabajo. En ese sentido, Marijuan alegó: “Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”.
El fiscal exigió también al Ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo que informen “si se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento”.
Las críticas al Estado
Durante una entrevista con Jonathan Viale en Radio Rivadavia, Marijuan ratificó que “existen informaciones públicas que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales”.
“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, expresó el fiscal.
Mientras tanto, varios sectores políticos presentaron diferentes proyectos para quitarle la administración de los planes sociales a las agrupaciones y pasar su gestión a las provincias y municipios.
RdC/fl
