Luego de otra jornada volcánica en el centro porteño con miles de personas cortando la avenida 9 de Julio, se conocieron detalles del proyecto que presentó el diputado nacional Gerardo Milman de Juntos por el Cambio, para terminar con "ese delito de cortar calles", pero planteando que se apunte con las sanciones solo a los movimientos sociales responsables de los cortes, quitándoles el manejo de planes, pero manteniendo esas ayudas en forma directa a las cuentas de los beneficiarios, ya sin "intermediarios"
En diálogo con PERFIL, Milman aclaró que “el proyecto no va a sacarle los planes a la gente que lo recibe”; por el contrario, afirmó: “Mi idea es que quienes perciben la ayuda alimentaria son parte de un sistema que los convirtió en víctimas y, lamentablemente, hay organizaciones sociales que los obligan a ir a los piquetes y cortar las calles”.
Por esto mismo, señaló que “no hay que sacarle el plan a esa gente, sino hay que sacarle a los movimientos sociales la administración de la ayuda alimenticia”, que son quienes “pasan lista” en las manifestaciones, según consideró el diputado. En ese sentido, el proyecto establece que a aquellas organizaciones que sobrepasen la ley "se le quite además la personería jurídica" y se le embarguen bienes, cuentas bancarias y el patrimonio que puedan tener.
"Los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y patrimonio perteneciente a las asociaciones sociales o responsabilidad solidaria de sus representantes serán embargados a los fines de indemnización y/o reparación económica de los daños ocasionados en el marco de manifestaciones públicas de las que fuera partícipe", establece el artículo 3 del proyecto.
De esta manera, Milman explicó que “hace 20 años que los derechos constitucionales a manifestarse y la libre circulación están en conflicto” y destacó que cortar la calle es un delito contemplado por el código penal.
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Sin embargo, enfatizó en que “no todos los movimientos sociales están incluidos, ya que el proyecto contempla a aquellos que utilizan a los beneficiarios con fines políticos”. “Hoy los punteros políticos se convirtieron en punteros de los movimientos sociales”, afirmó.
Qué propone el proyecto para garantizar los planes sociales a los más vulnerables
Milman sostuvo que es necesario “federalizar” los planes sociales, de manera que los municipios y diferentes unidades distritales sean los encargados de asignar los beneficios económicos para que pueda gestionarse de una mejor manera.
Así, se planteó también la necesidad de “convertir al Ministerio de Desarrollo Social en una agencia de control que regule y evalúe el uso que se le da a las asignaciones y cómo sirven a la sociedad”.
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Además, el diputado destacó que el Estado, por otro lado, deberá “fomentar” la cultura del empleo, capacitando a los sectores más vulnerables en diferentes áreas para que sean capaces de llenar un formulario de recursos humanos y acceder a distintos empleos.
RdC
