El caso de violencia de género contra Romina González estremece a la provincia de La Pampa. Después de acosarla durante diez años, su ex pareja le incendió el auto mientras dormía junto a sus hijos, por lo que la víctima pide a la Justicia que lo juzguen a su ex por tentativa de femicidio para que reciba una condena mayor y se logre evitar un desenlace fatal.
"Hace más de diez años que Romina es sometida, por lo que realizó unas 50 denuncias, siendo la última por un abuso contra la hija que tiene en común con su ex pareja Eduardo Watson", contó a PERFIL Nicolás Casagrande, el abogado de la víctima de Eduardo "Toti" Watson, un pez gordo de la política local con antecedentes que no solo es acusado por ejercer violencia psicológica y sexual contra González sino que también es acusado por amenaza de muerte y violencia a sus allegados a través de las redes sociales.
"Romina hoy está lamentablemente mal pero viene arrastrado esta situación hace tanto tiempo que ya es como un fantasma, está ensordecida", añadió el letrado en relación al último hecho perpetrado por Watson, en el cual el pasado 6 de septiembre en la ciudad de Santa Rosa, Watson prendió fuego el auto de la víctima mientras dormía junto a sus hijos, que se salvaron "de milagro" dado que las llamas estuvieron a punto de tomar la casa, según el informe de los bomberos.
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"Apenas pudimos salir. Nos salvaron los vecinos que tiraron piedras al techo", dijo González a medios locales, y contó que escuchó una fuerte explosión y el auto -que estaba en el garaje pero lindante a la puerta de la cocina- se corrió de lugar, por lo que pudieron escapar por un costado junto a sus hijos de 16 y 10 años. "El fuego parecía que nos quemaba la cara", relató la mujer de 34 años a quien no era la primera vez que Watson le quemaba el auto.
A raíz de ese ataque, del que hubo testigos y pruebas, Watson fue finalmente detenido tras el pedido de la defensa de Romina, que a su vez le exige a la fiscal Verónica Ferrero que el caso sea tratado como un incendio con tentativa de femicidio (que prevé una pena de entre 10 y 20 años), y no únicamente como un daño a partir de un hecho aislado -como fue caratulada inicialmente-, para evitar un desenlace que podría ser fatal.
“Él nos quiso matar, a mí y a mis hijos, incluida su propia hija. Lo único que pretendo es una condena ejemplar. Si sale libre, nos mata", dijo la víctima, que todavía sigue esperando que la Justicia actúe de manera contundente para que termine el infierno al que ya está acostumbrada.
La Justicia y el vacío legal para prevenir la violencia de género
El caso de Romina vuelve a poner el foco sobre el accionar de la Justicia respecto a la escalada de la violencia de género y su desenlace fatal, el femicidio. En este caso, la mujer sufrió violencia psicológica y sexual durante diez años, en los que vivió con "un miedo constante de que la mate", y por lo que realizó un sinfín de denuncias ante la justicia local que no frenaron el hostigamiento ni previnieron el ataque que pudo haberle costado la vida a ella y a sus hijos.
"Nadie le dio una respuesta en todos estos años, solo le dieron una tobillera a Watson que le retiraron hace unos meses a pesar de que Romina se opuso, pero la Justicia no hizo más que eso", subrayó el abogado Casagrande.
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Ante las decenas de denuncias de González, hace tres años la Justicia le dio a Watson una orden de restricción y una tobillera, que él mismo uso como arma de hostigamiento, dado que en muchas oportunidades se acercaba al domicilio de la víctima y "jugaba" con los tiempos de la tobillera, cuya alerta no se disparaba dado que el imputado se retiraba del lugar antes de los tres minutos que motivarían el disparo del alerta a la policía.
"Ahí hay un vacío que ahí la justicia no actúa, no tiene previsto de qué manera actuar", explicó el abogado, quien puntualizó que hasta ahora la Justicia -o el Estado- solo actuó en base a una "formalidad" pero que en la práctica se queda corta y todavía falta mucho para que sea efectiva en la prevención de la violencia de género y una protección integral de las víctimas, que en la mayoría de los casos también involucra a menores de edad.
CP
