Pese a la resistencia del contingente de Juntos por el Cambio y algunos bloques minoritarios de la oposición, el oficialismo logró el viernes 2 de julio aprobar con media sanción el proyecto de ley que crea un nuevo marco legal para los biocombustibles.
Tras sucederse varias horas de debate, en los que expusieron casi 50 oradores, la iniciativa cosechó 135 votos positivos, 110 negativos y dos abstenciones, por lo que será girada a la Cámara de Senadores para su completar su tratamiento.
El nuevo régimen de biocombustibles regiría hasta el 31 de diciembre de 2030, con posibilidad de prórroga por un período de cinco años más. Asimismo, establece una reducción del 10 al 5% en el corte obligatorio mínimo para el biodiésel.
Por su parte, la Secretaría de Energía podrá reducir el corte hasta el 3% cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez.
En cuanto a las naftas, se mantiene el 12% de corte mínimo obligatorio de bioetanol, mientras que en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, se fijó que el corte mínimo deberá ser del 6%.
"Adaptamos el marco regulatorio a nuevos escenarios y generamos con la nueva norma herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector", argumentó el presidente de la comisión de Energía, Omar Félix.
El rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto de ley
En representación de Juntos por el Cambio, Jimena Latorre (UCR) expuso los motivos del rechazo al sostener que el oficialismo propone un "castigo al que invirtió" e insistió en que es un "claro incentivo a la mediocridad".
"Este proyecto no es una prórroga del régimen de la Ley 26.093 como propuso el Frente de Todos en el Senado. Tampoco es un nuevo Régimen de Promoción y Fomento, muy por el contrario, hay castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad", alegó.
"En realidad es un proyecto regresivo, intervencionista e inconstitucional", afirmó la también mendocina, para luego concluir precisando que, según pronosticó, "serán pocas empresas que seguirán en pie a costa del capitalismo de amigos K".
Latorre mencionó que la iniciativa "ni siquiera tiene consenso en el Frente de Todos" y subrayó que se está "derogando un régimen promovido por el kirchnerismo", en alusión a la ley aprobada en 2006 con el impulso del Gobierno de Néstor Kirchner.
A su turno, el diputado del PRO Omar de Marchi alertó que "lo más grave es que esta ley prohíbe la instalación de nuevas empresas". "Esto concluye en un mercado claramente limitado. Y con una evidente destrucción de la mano de obra Argentina", advirtió.
Finalmente, y a diferencia de muchos de sus colegas de Juntos por el Cambio, el radical tucumano José Cano adelantó que votaría a favor de la iniciativa, pese a reconocer que "la mejor opción hubiera sido la prórroga de la actual ley".
JFG
