No debe haber mayor incertidumbre para una empresa, sinónimo de fuente de trabajo, que esté por vencer la ley que rige su actividad y, a días de que ello ocurra, no saber si continúa su actividad o se funde. Esto es exactamente lo que les ocurre a las empresas que se crearon bajo el amparo de la ley 26.093 y que tiene fecha de caducidad el próximo 12 de mayo.
Esta ley estableció, fundamentalmente, el porcentaje de bioetanol y biodiesel que tiene que haber en la nafta y en el gasoil. Bajo esa norma nacieron en el país empresas que producen biocombustibles, con tres insumos de carácter vegetal: caña de azúcar, maíz y soja.
El Senado aprobó hace poco una prórroga de la ley hasta que pueda alumbrar una nueva norma que fije nuevas condiciones, pero que se base en el consenso de los actores involucrados, esto es petroleras y empresas de biocombustibles.
El oficialismo K de la Cámara de Diputados demoró tratar esta media sanción y, casi a modo premeditado, un diputado K presentó de pronto un nuevo régimen (todos sugieren que es el proyecto de Máximo Kirchner), inconsulto e injusto, sobre la hora de vencimiento del anterior. Fija en la iniciativa repentinas nuevas condiciones, que no es un nuevo régimen para seguir creciendo sino que se tratade una modificación del monto autorizado a tener en nafta y gasoil, con lo cual caerá abruptamente su rentabilidad, a punto tal que las dejarán al borde del quebranto.
La ley que caduca y debería ser prorrogada establece las cantidades de bioetanol y biodiesel en el producto final, o sea la nafta y el gasoil. Las petroleras, silenciosamente, están ejecutando una fuerte presión para bajar ese porcentaje y las de biocombustibles al menos piden que siga el mismo régimen hasta que puedan sentarse en una mesa de negociación con reglas claras de juego para todos.
La producción de bioetanol en nuestro país aporta al PBI cerca de 455 millones de dólares al año. Argentina cuenta con 25 plantas, seis de ellas en Córdoba, algunas de las cuales son las principales empresas en relación a capacidad de producción, lo que genera muchas fuentesde trabajo para los cordobeses y en ciudades del interior.
Es imposible pensar que un solo legislador de la provincia de Córdoba pueda votar en contra de preservar fuentes de trabajo en su provincia, destruir producción y no defender puestos de trabajo para sus coterráneos. Si esto ocurre, los cordobeses lo recordarán eternamente.
Pero, además, estas industrias tienen otros beneficios económicos y ambientales. En los ambientales recordemos que reduce la emisión de gases efecto invernadero, no es cancerígena y tiene un impacto positivo en el cambio climático.
En lo económico, nos pasamos escuchando que debemos sumar valor agregado a nuestros productos primarios. Éste es un caso en que eso se logra. Suma valor en origen al maíz duplicando el valor del grano.
Y para seguir sumando aspectos positivos de esta industria, podemos agregar que diversifica la matriz energética, mejora el desarrollo regional y, sobre todas las cosas, sustituye la importación de nafta, lo que produce un ahorro de divisas.
Viraje. Es difícil entender este repentino viraje del gobierno nacional al tratar de sancionar una nueva ley que perjudique esta industria. No hay explicaciones razonables. Tal vez ceden ante el lobby petrolero. O, tal vez, sea producto de la ideología en relación a una industria estrechamente ligada al campo. Electoralmente no le va bien al gobierno en las provincias donde residen estas empresas ¿Será alguna especie de revancha? ¿Prefieren por ello dar beneficios a las provincias petroleras?
Ante la inminencia de la caducidad de la ley 26.093 hay anuncios de un DNU (decreto de necesidad y urgencia) del Presidente Alberto Fernández prorrogando la ley por algunos meses. Pero siempre en la idea de seguir con el proyecto que apadrina Máximo Kirchner y no en la idea de generar un marco legal ecuánime y que no deje sellada la suerte de menos rentabilidad a ninguno de los sectores productivos. Esto prolonga la agonía y no cambia la decisión de no basarse en un consenso para la sanción de una nueva norma.
Lo cierto es que cientos de trabajadores y actores del sector productivo cordobés están en ascuas desde hace varios días. Sin poder dormir pensando en que, si caduca la ley sin aprobar su prórroga, en pocos días las petroleras ya no estarán obligadas a comprar biocombustibles para producir sus mezclas. De aprobarse la propuesta K, su suerte también estará sellada, ya que su rentabilidad estará a la deriva.
Senadora Nacional por Córdoba
