La medida rige tanto para estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de la institución y fue anunciada a través de la Resolución N° 9952/22. Asimismo, se encomendó a la Dirección de Alumnos la progresiva implementación del procedimiento administrativo.
Según explica el documento, el objetivo de resolución es "garantizar el respeto del derecho humano a la identidad de género en tanto derecho humano fundamental". Para ello, se adecuan los procedimientos con el fin de garantizar "el pleno desarrollo y la libre determinación de las personas, su trato digno como estándar para respetar la identidad de género adoptada y su especial atención en el ámbito público".
En sus argumentos, la Facultad de Derecho consideró que ya existe normativa internacional y nacional en la materia, como los Principios de Yogyakarta, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Ley de Identidad de Género y la de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero.
No se tendrá en cuenta lo que figure en el DNI
Además, explicaron que la rectificación registral del DNI constituye un derecho, no una obligación, y no puede "ser un obstáculo para ser tratada/o de acuerdo a su autopercepción".
Con esta resolución, la institución "renueva su compromiso de contemplar políticas públicas tendientes a impulsar la autonomía de las mujeres y personas LGBTIQA+, para seguir construyendo una Facultad más inclusiva y libre de violencias, a la vez de promover la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza del Derecho como en todo el accionar de la vida institucional", concluye el escrito.
