La decisión del Gobierno de retirarse del colectivo que impulsó la investigación a Venezuela por violaciones a los derechos humanos en la Corte Penal Internacional no afecta para nada el curso de ese proceso en La Haya. Tampoco la evidencia que el Estado nacional presentó, en tiempo de Cambiemos y a partir de su propio relevamiento de casos entre el éxodo de aquel país en la Argentina, como parte de la evidencia que sostiene ese pedido de pesquisa ante la Fiscalía.
“En su momento, la Fiscalía de la CPI ya envió gente a protocolizar algunas de esas declaraciones tomadas en nuestro país por lo que ya está incorporado a la documentación que se evalúa en la oficina de La Haya”, explica uno de los responsables de haber organizado el material contra Nicolás Maduro durante la gestión de Mauricio Macri para elevarlo a la Corte Penal Internacional. Y añade: “Aquí sucede como con los delitos graves: una vez que se denuncian ante la Justicia, no importa que el denunciante se eche para atrás, ya está la obligación de investigar”.
Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú compartieron esa denuncia con la Argentina en lo que fue un accionar inédito para el tribunal internacional.
La carta que envió el Gobierno para oficializar su renuncia a la presentación contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional está fechada el 25 de marzo. Curiosamente, trascendió recién el miércoles último, a través del medio Russia Today que tuvo acceso a la misma, a casi dos meses de aquella decisión. La Cancillería confirmó luego la información. La describió como lógica con la decisión de retirarse del Grupo de Lima el 24 de marzo de este año, un día antes de enviar esa misiva, ya que algunos de los co-patrocinadores formaban parte del mismo foro con el que la Argentina ya no coincide en su abordaje de la crisis venezolana, razón por la que se alejó.
“El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”, señala la carta enviada a la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú compartieron esa denuncia con la Argentina en lo que fue un accionar inédito para el tribunal internacional.
En el párrafo subsiguiente, el Gobierno aclara que de ningún modo pretende que su decisión afecte el curso de la denuncia presentada, “respetando la independencia judicial y de investigación de la honorable Corte Penal Internacional”. Lo que, a la luz de las declaraciones del propio Presidente en meses pasados respecto a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, manifiesta una clara contradicción en términos discursivos que solo se explica por las presiones internas que genera el tema Venezuela en el frente gobernante.
En rigor, si algo ha caracterizado al gobierno del Frente de Todos es la convivencia, en su seno, de posiciones muy distintas en torno a este tema y que se reparten entre la lealtad política y otras visiones menos complacientes con el gobierno bolivariano. Así fue que, desde su candidatura misma, el Presidente Alberto Fernández hizo malabares para evitar la etiqueta de “dictadura” que había utilizado Mauricio Macri como bandera política sin que ello implique dejar de cuestionar la vulneración de los derechos humanos en ese país. Encontró su fundamento en las investigaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Desde PRO, acusaron al Gobierno de ir “a contramano de la mejor tradición humanitaria que caracteriza a nuestro país”.
En 2020, la Argentina avaló con su voto en la ONU las graves denuncias formuladas por la ex presidenta chilena en materia de represión, torturas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Venezuela. La denuncia presentada entonces en La Haya el gobierno de Macri y el resto de los países se apuntaló sobre aquella primera versión del informe Bachelet, que tuvo sucesivas actualizaciones. Por lo que el retiro de La Haya, si bien encuentra su lógica en clave de alineamientos regionales y el rechazo al Grupo de Lima, resulta incoherente con la posición argentina en términos humanitarios, la misma que eligió defender Fernández.
“La decisión de denunciar por crímenes de lesa humanidad a la dictadura de Nicolás Maduro, que nuestro país presentó junto con Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en 2019 ante el tribunal internacional de La Haya, se tomó con el objetivo de defender los derechos humanos de miles de víctimas venezolanas”, cuestionaron desde PRO en un comunicado. Y acusaron al Gobierno de ir “a contramano de la mejor tradición humanitaria que caracteriza a nuestro país”.
Si bien en Juntos por el Cambio afirman que las evidencias que presentaron en su momento en La Haya forman parte ya de esa denuncia independientemente de lo que elija hacer la Argentina, sí les preocupa la documentación restante, vinculada a las identidades de los denunciantes, que quedó preservada en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuando dejaron el poder. Afirman que esta decisión del Gobierno “expone” a quienes en 2019, desde el éxodo, se animaron a denunciar los crímenes de los que habían sido víctimas en su país, aunque de momento el Gobierno no dio muestras de violar esa confidencialidad de su antecesor.
Más allá de ello, desde Venezuela se hicieron eco de esta noticia como si hubiera sido reciente. Y a la ponderación del retiro como un gesto de “valor simbólico” por parte del Fiscal General venezolano, le siguió una reacción por parte de Juan Guaidó: “¿El gobierno del Pdte. @alferdez considera que hay justicia en Venezuela, que las víctimas están protegidas, que está garantizado que no vuelvan a ocurrir atrocidades? La impunidad elimina la justicia, pero en este caso pone en peligro a la región y a la democracia en sí misma”, tuiteó el referente de la oposición a quien algunos gobiernos siguen reconociendo como Presidente Encargado de Venezuela. No es el caso de la Argentina desde la asunción de Fernández.
