Héctor Capaccioli, exfuncionario kirchnerista imputado en la causa conocida como "la mafia de los medicamentos", pidió que la controversia pase a un tribunal electoral, con el precedente de la denuncia de los "aportantes truchos" en Cambiemos. Su defensa también se basó en la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos.
El ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) durante el gobierno de Néstor Kirchner, Capaccioli es investigado por la "comercialización irregular de medicamentos y para ello la posible conformación de una asociación ilícita dedicada a la comisión de un número indeterminado de delitos cuanto menos desde el año 2005", la causa popularmente conocida como "la mafia de los medicamentos".
De acuerdo a las hipótesis que se barajan en la investigación, la recaudación de aquel sistema de comercialización de fármacos pudo funcionar como un mecanismo financiero para pagar la campaña del entonces Frente para la Victoria en las elecciones del 2007, donde Néstor Kirchner dejó la Casa Rosada y Cristina Fernández de Kirchner asumió su primer mandato.
La abogada Elena Baroni, defensora legal de Capaccioli, fundamentó la decisión de traspasar la causa a un tribunal electoral tomando como precedente la causa de los "aportantes truchos" de Cambiemos, que por decisión del juez Martín Irurzun se debía tramitar en esa instancia.
Entre los denunciados que figuran en esa denuncia están, entre otros, la diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La causa se tramita ante el juzgado federal con competencia electoral de La Plata, luego de que se apartara de la misma al juez porteño Sebastián Casanello.
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Mafia de los medicamentos
En esta causa se investigaba asociación ilícita, adulteración de medicamentos y comercialización de productos con marca registrada falsificada, hecho que desencadenó en la detención del entonces jefe de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola.
Posteriormente, la Cámara Federal lo apartó de la causa y anuló el sobreseimiento de los acusados. Entre los beneficiados por el entonces juez Norberto Oyarbide estuvieron el mencionado Héctor Capaccioli, quien habría sido uno de los responsables financieros de la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007.
Aportantes truchos
Respecto a la causa de los "aportantes truchos", se investigan contribuciones a la entonces coalición de Cambiemos por parte de indigentes, beneficiarios de planes sociales y personas sin capacidad contributiva. Estas personas figuraban en los registros como aportantes pero nunca habían sido notificados de cumplir esa función, algo que además no coincidía con sus bajos ingresos.
En el 2019 la ley de financiamiento de los partidos políticos fue reformada y se incluyo en un artículo que "si se advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o mediara denuncia en tal sentido, el juez y el fiscal podrán remitir al tribunal competente testimonio de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la causa electoral".
Dentro de ese ítem está uno de los principales reclamos de la defensa legal de Capaccioli, ya que expresa que "en ningún caso la competencia penal se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia firme, el proceso de control patrimonial partidario".
Al respecto, Irurzun había manifestado que hay "un límite claro y temporal a la intervención de la justicia penal, y este es, que se haya obtenido sentencia firme en materia electoral".
Los argumentos de Capaccioli fueron formulados ante el juez Casanello, que tiene a su cargo un remanente de la causa por la "mafia de los medicamentos", que aún no fue elevada a juicio oral.
GI/ff
