Aldo Lozano, el fiscal de feria habilitado en una de las causas contra Milagro Sala, informó que ya fueron secuestrados siete vehículos de un total de 29 . Según el funcionario judicial, las medidas se están cumpliendo con normalidad, tras la resolución dispuesta ayer por el juez de Control Penal de Jujuy, Jorge Zurueta.
El magistrado también dispuso el embargo registral de cuatro bienes inmuebles de varios integrantes de la Tupac Amaru, entre ellos una casa de la hija de Sala. La medida fue solicitada a la Dirección General de Inmuebles. Las propiedades están ubicadas en Los Alisos, en el barrio Los Perales y en Tilcara. Se descartó que la sede de la organización esté dentro de la lista de propiedades embargadas.
"Son en total 29 vehículos y al día de hoy 7 ya fueron secuestrados mientras que a los otros se les sigue buscando. A esto se le suma la inscripción de los embargos con fines de decomiso de cuatro inmuebles", dijo Lozano, según publicó el portal Jujuy Online. Y agregó: "En todos los casos las compras fueron realizadas con dinero en efectivo".
Hasta el momento fueron imputadas 13 personas, entre ellas Milagro Sala e integrantes de la Tupac Amaru. La figura penal de la causa es “encubrimiento agravado por aseguramiento y provecho de bienes de origen ilícito, concursados realmente y en coautoría”.
El procedimiento se inició luego de una denuncia hecha por el titular de la Oficina Anticorrupción de Jujuy, Joaquín Millón Quintana, que aporta pruebas documentales. "Teníamos la sospecha de que una serie de vehículos adquiridos por Sala, la asociación ilícita y sus familiares se trataban de instancias de lavado de activos y esas transacciones se hacían siempre de contado. La organización social manejaba mucho dinero en efectivo, no teniendo ninguno de ellos capacidades económicas para adquirir estos vehículos", señaló Quintana.
Por su parte, una de las abogadas de Sala, Paula Álvarez Carreras, expresó que lamentaba que la medida judicial se haya dispuesto “en medio de la feria judicial" y "sin mediar los requisitos de urgencia para ello". La causa también apunta a determinar qué responsabilidad tendrían las empresas o concesionarias que facilitaron estos procedimientos.
