La semana entrante, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires fallará sobre uno de los temas más sensibles de los últimos días: la liberación de presos en ese territorio. El máximo tribunal bonaerense decidió este martes 5 de mayo revisar el fallo de Casación provincial que, en respuesta a un habeas corpus colectivo, abrió la puerta a la salida de prisión de detenidos en la Provincia, en medio de la emergencia por la pandemia de Covid-19.
Todo indica que iría en contra de la salida masiva de personas privadas de su libertad. No obstante, se espera que el caso pueda llegar luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte provincial también dispuso que, mientras se analizaba el fondo de la cuestión, se suspendieran “los efectos” de la decisión impugnada de Casación Penal. La movida de la Corte de admitir el recurso se conoció un día después de que el fiscal ante Casación, Carlos Altuve, lo presentara en busca de revertir la resolución del camarista Víctor Violini, que habilitó las liberaciones y excarcelaciones de detenidos en la provincia de Buenos Aires.
Al admitir el reclamo, los miembros del tribunal de la provincia, Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Sergiol Torres y Eduardo de Lázzari, también establecieron el recorrido que debía seguir el trámite, previo a que ellos decidan y den a conocer su postura. En primer lugar pidieron al Tribunal de Casación Penal que le envíe inmediatamente el expediente a fin de ser entregado a la Secretaría Penal de la Corte, tras lo cual se le corrió vista a la Procuración General y a la Defensa, para que emitan sendos dictámenes. Ambos lo hicieron.
Excarcelaciones, pandemia y demonios judiciales
Primero fue el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien fue en línea con el planteo de Altuve. Conte Grand señaló la afectación del principio del juez natural a través de la asunción de competencia originaria para tratar el caso por parte del Tribunal de Casación Penal.
En segundo lugar cuestionó la utilización de la distinción entre delitos leves y graves como pauta para adoptar decisiones y resaltó la gravedad que implica conceder un beneficio a una persona privada de la libertad de modo automático y por el solo hecho de su incorporación a un listado por parte del Poder Ejecutivo. También criticó firmemente la vulneración del status de víctimas, a pesar de los derechos que le conceden las normas vigentes.
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Por su parte, el defensor ante el Tribunal de Casación bonaerense, Mario Coriolano, se ubicó en contraposición de Altuve y Conte Grand, y consideró lo que sucedía como “un litigio absolutamente innecesario e improcedente”. En el “además de invocar una gravedad institucional que no existe” se estaría buscando “anular las medidas positivas dictadas por el Tribunal de Casación Penal para agilizar los proceso que sirvan a la descompresión de las cárceles en la emergencia sanitaria”.
CP
