Luego de la denuncia penal que el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó en su contra por instigación a la violencia, vecinos y propietarios de Villa Mascardi se reorganizaron para reunir 35 mil firmas para reclamar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que intervenga con las fuerzas federales para desalojar a los "intrusos" y custodiar el territorio. El petitorio se titula "Sr Presidente: Reconoce la soberanía de la República Argentina en Parque Nacional N.Huapi?"
El documento demanda a Fernández "su intervención a través de las fuerzas federales de seguridad para el desalojo de los intrusos y la posterior custodia efectiva del territorio de dominio público y privado de este ambiente natural en zona de frontera especialmente protegido por nuestra legislación”. La impulsan gran parte de los damnificados a raíz de los últimos episodios de violencia que atribuyen a un grupo de activistas mapuches. Apuntan contra la cartera que comanda Sabina Fréderic por la falta de respuesta a sus reclamos y, además, por acudir a la Justicia contra ellos.
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"La escasa actuación del Ministerio de Seguridad de la Nación no sólo ha negado derechos fundamentales de la República Argentina como el derecho de propiedad, de brindar protección policial, de portar la bandera argentina y de transitar por las rutas nacionales a ciudadanos argentinos sino que además los denuncia penalmente por manifestarse pacíficamente reclamando la soberanía argentina en el Parque Nacional Nahuel Huapi y apoya a los usurpadores de este territorio quienes reconociéndose extranjeros someten la Nación a su dominio desconociendo su independencia e integridad", manifiesta el petitorio.
Acusa al ministerio de mentir "cuando afirma que existen conflictos territoriales con pueblos originarios en Mascardi cuando lo que existe es un accionar terrorista probado en sede judicial desde que el 10-11-17 una agrupación autodenominada Lof Lafken Winkul Mapu (no inscripta en INAI) niega esta soberanía argentina, desconoce la autoridad del Estado Nacional (al Presidente, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, la Constitución Nacional y sus leyes) y ha proclamado la Nación Mapuche en ese territorio en reiteradas declaraciones" en sus diversas expresiones ante funcionarios judiciales y del Ejecutivo, así como a los medios de comunicación.
"El Ministerio de Seguridad no sólo ha negado derechos fundamentales como la propiedad sino que además los denuncia penalmente (a los vecinos) por manifestarse pacíficamente"
El documento en Change.org describe la toma de la Ruta Nacional 40 tras haber expulsado a la empresa contratista a cargo de su mantenimiento "incendiando su equipamiento y tomando prisionero a su personal". Cuestiona a la Administración de Parques Nacionales por incumplir con su deber de proteger el ambiente. A la par que menciona agresiones contra funcionarios nacionales y provinciales y la "posesión clandestina de propiedades privadas vecinas (de particulares, de instituciones públicas y de la Iglesia Católica adquiridas legítimamente a la APN)". Muchas de ellas terminaron incendiadas, desvalijadas y con "amenazas a pobladores, propietarios y turistas".
Por último, niegan la existencia de un proceso de diálogo previo y recuerda la represión que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, en noviembre de 2017, a la que describen como un "enfrentamiento con las fuerzas federales de seguridad" producto de la "resistencia a mano armada", si bien el activista cayó tras recibir un balazo por la espalda y nunca se constató que estuviera armado. Desde ese momento, fundamentan los autores del documento, solo se extendió la toma que "prometen seguir expandiendo" provocando, en simultáneo, "un importante daño ambiental" al impedir las tareas de protección que le ley obliga a realizar a la Administración de Parques Nacionales.
Menciona agresiones contra funcionarios nacionales y provinciales y la "posesión clandestina de propiedades privadas vecinas (de particulares, de instituciones públicas y de la Iglesia Católica)"
"Las instituciones de la República exigen cesar la comisión del delito de usurpación que se lleva a cabo desde noviembre 2017 y esta agrupación continúa resistiendo violentamente el desalojo que debe ordenarse sin más advirtiendo a los usurpadores que de resistirse son ellos los responsables de exponerse al uso de la fuerza suficiente por parte del Estado para lograr este prioritario objetivo de acuerdo a las leyes de la Nación", concluye.
Días antes de cobrar estado público este documento, el 28 de agosto, Seguridad había presentado una denuncia penal contra los organizadores de la movilización proclamada ante los medios como "Banderazo Patriótico en defensa de nuestros vecinos de Mascardi". A través de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de la cartera apuntaron a las figuras de instigación a cometer delitos, apología del crimen y asociación ilícita.
De acuerdo a la denuncia, los autodenominados "vecinos de Mascardi" invitaban a la participación con el posible "uso de armas caseras y/u objetos de diversa índole que puedan ser utilizadas como tal, con intenciones de generar y producir hechos de violencia". Por estos motivos, indicaban, se excedía "el legítimo ejercicio constitucional a manifestarse y expresar ideas u opiniones y podrían configurar la comisión de algunos de los delitos”.
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