Gabriel De Vedia, fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), presentó una denuncia penal contra los responsables de la Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas (OSDE) porque serían responsables del delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, según informa la ley penal tributaria, afectando el Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
El representante del Ministerio Público Fiscal estimó que hay elementos para investigar a los funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud (Sssalud), como presuntos responsables del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, según informa el portal Fiscales. Perfil se comunicó con OSDE, pero al cierre de esta nota seguía aguardando la respuesta de la empresa.
Según indica el comunicado del Ministerio Público Fiscla, de las constancias en el expediente no surge que se haya efectuado una adecuada recaudación y fiscalización en tiempo y forma de los recursos. Asimismo, tampoco que se haya perseguido el cobro de los aportes debidos por OSDE de acuerdo a la normativa vigente. Es por esta actitud omisiva o deficiente de los funcionarios, que se habría facilitado la comisión y la prolongación a lo largo del tiempo de la conducta delictiva por parte de los responsables de OSDE.
El 4 de enero de este año, se inició la Investigación Preliminar en la UFISES, por la remisión de parte de la Sssalud de copias de un reclamo administrativo previo presentado en dicho organismo por los apoderados legales de la empresa SWISS MEDICAL S.A.
Desde el MPF confirmaron que según la ley vigente, la Superintendencia de Servicios de Salud está investida de obligaciones y facultades de fiscalización y cobro, con un amplio poder de verificación y determinación de deuda y un procedimiento procesal de cobro expedito como lo era la vía de ejecución. A pesar de esto los responsables de la Sssalud no habrían cumplido con las funciones a su cargo.
¿Qué es el FSR? Mediante el art. 22 de la ley 23.611 se creó en el ámbito de la Anssal un Fondo Solidario de Redistribución que contemplaba: subsidiar automáticamente a aquellos beneficiarios que percibieran menores ingresos con el propósito de equiparar sus niveles de cobertura obligatoria; solventar la cobertura de prestaciones médicas especiales de alta complejidad o elevado costo y las de discapacidad; y constituir reservas líquidas destinadas a atender posibles desequilibrios financieros de las obras sociales.
Toda la recaudación y fiscalización de los aportes, así como las contribuciones y recursos de otra naturaleza destinados al FSR se encuentra actualmente en cabeza de la Superintendencia de Servicios de Salud. Hay que recordar que el Sistema de la Seguridad Social Nacional está compuesto por varios subsistemas entre los que se encuentra el relativo a la Salud.
A través del art 14 bis de la Constitución Nacional, se desliga que el Estado está obligado a brindar las prestaciones médicas a todos los habitantes de la República. A pesar de esto, delega dicha tarea a las Obras Sociales y a otros organismos vinculados a la salud, manteniendo vigente su carácter de responsable subsidiario.
Es por ello que el FSR es uno de los mecanismos que tiene el Estado para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la salud. A raíz de esto es que toda la comunidad en forma solidaria – lo que incluye a las obras sociales- tienen la obligación de contribuir al mantenimiento del FSR.
