Patricia Bullrich y otros representantes de la oposición presentaron la denuncia penal que habían anunciado contra el presidente Alberto Fernández, tras sus dichos sobre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani en una entrevista televisiva. La denuncia apunta además del Mandatario a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof ; el dirigente social Luis D’Elía y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. A todos ellos, piden desde Juntos por el Cambio, de “los delitos de sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos e intimidación pública”.
Junto a Bullrich firmaron la denuncia los diputados nacionales, Cristian Ritondo, Gerardo Milman, Sabrina Ajmechet, Federico Angelini, Alberto Asseff, Karina Bachey, Héctor Baldassi, Gabriela Besana, Soher El Sukaria, Germana Figueroa Casas, Alejandro Finocchiaro, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Florencia Klipauka Lewtak, Alvaro Martinez, Graciela Ocaña, Graciela Marilú Quiroz, Claudio Poggi, María Lujan Rey, Dina Rezinovsky, Laura Rodriguez Machado, Ana Clara Romero, Ricardo López Murphy, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez y Virginia Cornejo.
El documento presentado a la Justicia señala que desde el Frente de Todos se articula un “plan de impunidad respecto a los delitos de corrupción cometido entre 2003 y 2015”. Según la denuncia el plan se evidencia con “las amenazas a jueces y fiscales, los indultos y la destrucción institucional de la justicia”.
Uno de los puntos más graves que señalan son las últimas declaraciones del Presidente en TN. Según los denunciantes, estas palabras “dieron marco al plan de impunidad comenzado, inclusive antes de la asunción del mando y promovido durante estos años, llegando en estas circunstancias del alegato del fiscal a un nivel de violencia verbal y amenazas, que cierran el círculo del Plan de impunidad denunciando”.
Luis D´Elia: "Nisman era arrogante, iba camino a pasar un papelón, y se pegó un tiro"
Este grupo apunta a la “campaña de desprestigio de la Justicia” por el uso constante de la idea del “lawfare como forma de persecución política”. También señala que el actual Gobierno colocó “militantes a cargo de áreas estratégicas para desactivar las denuncias: la Oficina Anticorrupción - Félix Crous -, UIF - Juan Carlos Otero , Procuración del Tesoro - Carlos Zanini -, AFIP - Mercedes Marcó del Pont”.
Por último, enfatizan como grave la “promoción de acciones de hecho con la movilización de militantes a modo de amenaza contra los jueces y fiscales que tienen que tomar las decisiones en las causas de referencia, instalando la idea que en caso de ser condenada Cristina Fernández de Kirchner se producirán graves disturbios sociales”.
La denuncia concluye que estas acciones “conforman claramente el delito de sedición contemplado en el art. 22 de la Constitución Nacional, tendiente a apañar hechos que el mismo texto constitucional califica como de traición a la patria (art. 36) y violan los compromisos asumidos por el país en las convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción”.
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