El jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel; el ministro de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro brindaron detalles sobre el accionar de la Ciudad con respecto a la resolución del juez Gallardo y la suspensión del reconocimiento facial.
Un fallo del juez Roberto Gallardo suspendió el sistema de biometría que usa la Ciudad de Buenos Aires para seguir a delincuentes, y disparó la polémica, sobre todo en Twitter, entre quienes aprueban el uso de esta tecnología y quienes la cuestionan argumentando violaciones a los derechos humanos, y el seguimiento ilegal de políticos y periodistas.
"Se creó un sistema integral de seguridad con el que logramos disminuir los delitos. Lamentablemente no es la primera vez que lo atacan, y hoy lo hacen de la mano de un fallo realmente preocupante donde un juez, que no es la primera vez que lo hace, se pone al servicio de la política confundiendo las situaciones", comenzó explicando el ministro D'Alessandro.
Tras explicar que "matchear los datos con el RENAPER" es algo que hacen todas las fuerzas de seguridad del país, D'Alessandro afirmó: "No nos vamos a mover ni un milímetro de la decisión que tomamos, que es cuidar y devolverle la libertad a todos los que viven y vienen a la Ciudad".
"Estamos frente a un fallo político, no un fallo judicial, que pretende atacar a un sistema que viene dando resultado", concluyó el ministro.
Posteriormente, el ministro Jorge Macri señaló: "Lo que estamos discutiendo acá es la lógica constante del kirchnerismo de querer emparejar para abajo", y agregó que "cuando hay un sistema que funciona, el kirchnerismo lo ataca para que no se note que ellos no tiene gestión".
"El kirchnerismo buscó todas las excusas posibles para liberar presos, hasta la pandemia, el momento más dramático de la Argentina lo utilizaron con ese objetivo", añadió el ministro de Gobierno y remarcó que gracias al reconocimiento facial ya se lograron detener, al momento, más de 1600 delincuentes acusados de delitos graves.
Quién es el juez Roberto Gallardo
A ambos se sumó el jefe de Gabinete Felipe Miguel, quien detalló: "Gracias al uso de las herramientas -incluyendo el reconocimiento facial- es que hoy en la Ciudad tenemos las tasas de delitos más bajas de los últimos 27 años, y no vamos a escatimar en su uso".
A su vez, expresó que "pareciera que molesta que en la Ciudad haya mejorado la seguridad" y que afirmó que esto sucede porque "se expone al kirchnerismo y se expone la incapacidad de mejorar la seguridad en otros lugares".
"El kirchnerismo no quiere a los delincuentes presos. No trabajan en la prevención, tampoco en la detención, y no solo eso, en los casos donde estaban detenidos se las ingeniaron para liberarlos. Hay una diferencia substancial", declaró Miguel.
Para concluir, dijo que "es una vergüenza que algunos jueces usen la magistratura para actual políticamente y funcionalmente al kirchnerismo" y aseguró que recurrirán a la justicia, no solo para reestablecer el sistema de reconocimiento facial, sino también para apartar al juez de la causa.
Qué dicen desde el Gobierno de Larreta
“Desde la implementación del Sistema de Reconocimiento Facial la @Policia_ciudad detuvo 1695 prófugos. Entre ellos violadores y asesinos. La medida cautelar del Juez Gallardo, que suspende el SRF, es una garantía más para los delincuentes”, reclamó desde su cuenta en la red social Eduardo Macchiavelli (@edumacchiavelli), Secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, defendió el sistema de reconocimiento facial implementado por su cartera con un hilo en Twitter en el que escribió: “En relación a la maliciosa medida cautelar dictada sobre @SeguridadBA por el Juez Gallardo, que suspende el Sistema de Reconocimiento Facial, es importante tener en cuenta algunas consideraciones (…). Desde abril de 2020 no está activo a causa de la pandemia. Funcionaba con una base de datos que es pública y lo que hacía es identificar ÚNICAMENTE a las personas que tenían pedido de captura de la Justicia”.
La explicación de D'Alessandro se vincula a la acusación de Gallardo de que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
En relación a esto, los tres funcionarios del Gobierno de la Ciudad aclararon en conferencia de prensa que no se extrajeron datos biométricos de ninguna de las personas que aparecen en el listado que tomó Gallardo, sino que lo que se hicieron fueron consultas de validación de identidad requeridas por diferentes trámites.
Asimismo, aseguraron que, al ser sólo consultas, "ellos mismos aparecen ahí si se amplía el listado", y que se trata de "una mentira intencionada políticamente con una mirada profunda de atacar a otros espacios políticos"."
Quienes aparecen en el listado de pedidos de datos biométricos
Sin dudas que uno de los nombres que más llama la atención es el de la vicepresidenta Cristina Kirchner: no sólo por aparecer entre tantas otras personas, sino porque, según un fallo del juez Roberto Gallardo al que accedió PERFIL, sus datos biométricos aparecen solicitados por el Ministerio de Seguridad al Renaper en 225 oportunidades.
En el fallo de la Justicia porteña también aparece detallado que Alberto Fernández también fue motivo de consulta de sus datos biométricos al menos desde el 25 de julio de 2019 hasta el 14 de noviembre del año pasado. En total son 76 consultas.
La primera solicitud de datos biométricos de la titular del Senado que aparece en el expediente judicial data del 25 de abril de 2019. Pero la cantidad de solicitudes responde a que hay registro de que cada tres o cuatro días se solicitaban sus datos, al menos hasta el último registro, que data del 9 de marzo pasado.
Además de los casos mencionados, hay 14 registros de pedidos de datos biométricos del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, tomados entre el 13 de junio de 2019 y el 4 de marzo del 2022.
A su vez, el magistrado porteño detalló 17 solicitudes del Gobierno porteño de los datos del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. El primero fue el 15 de julio del 2019 y el último del 30 de enero pasado. En el caso de Patricia Bullrich, aparece un listado de 18 solicitudes entre el 4 de julio de 2019 y el 22 de febrero pasado.
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