El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, planteó este martes 10 de agosto que las empresas podrán no pagar salarios e impedir el ingreso a trabajadores que rechacen vacunarse contra el coronavirus.
El empresario afirmó que quienes vuelvan a sus lugares de trabajo de manera presencial deberán estar vacunados porque si bien "nadie puede obligar" a la inoculación, pero tampoco a "reinsertar a alguien en el mercado laboral".
La propuesta implica, por lo tanto, que en esa situación se deje de cobrar, porque "el salario es la contraprestación por el trabajo". "Quien quiera entrar en un lugar de trabajo colectivo, tiene que tomar las medidas del caso, y las medidas del caso es vacunarse y, si no quiere, no podrá ingresar al lugar de trabajo", advirtió el empresario.
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La iniciativa fue consensuada en la reunión de Junta Directiva y, según anticipó el titular de la central fabril, luego "con los sindicatos habrá que ver sector por sector" su aplicación.
El empresario y analizó que si alguien "está en condiciones de volver a trabajar, pero no se ha vacunado, no puede insertarse porque está en riesgo el grupo". De ese modo, subrayó: "El empleador cesa la dispensa porque no se puede insertar en igualdad de trabajo con el resto de los trabajadores que sí fueron vacunados".
Funes de Rioja insistió en que si un empleado no se vacuna, "la lógica es que no ingrese y, en ese caso, cesa la dispensa y cesa la remuneración".
"Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. Nadie puede obligar a vacunarse, pero nadie puede obligar a reinsertar a alguien en el mercado laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. Por lo tanto entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración", enfatizó el también titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), mientras aclaró que la propuesta aplica a "aquellos que están en condiciones de vacunarse en las respectivas jurisdicciones".
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Desde abril de 2020, el Gobierno nacional dispuso que los trabajadores alcanzados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio quedaban dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo con el objetivo principal de evitar la propagación de la pandemia, en un marco de buena fe contractual.
Ahora, en un nuevo contexto sanitario con un avance importante de la vacunación en la población en general, la UIA plantea la necesidad de retomar la prestación laboral de sus empleados.
En ese caso, entendió debe cesar "la dispensa que la norma le autorizaba a no trabajar, en muchos casos ni siquiera de forma remota pero seguían recibiendo sus haberes u otras asignaciones. Esta obligación atendía un principio de buena fe por la cual había una contraprestación porque no había vacuna. Ahora existe y esto tiene una contrapartida que es el cese de la obligación del pago respectivo".
En el encuentro de la conducción de la UIA, se destacó que "el punto central es el cuidado recíproco y ante la disponibilidad de la vacuna no se puede imponer, pero no vacunarse tiene consecuencias", señaló al asegurar que esta postura fue consensuada en la Junta Directiva teniendo en cuenta la experiencia internacional y el alcance de la normativa vigente.
Al ser consultado si la UIA contempla la posibilidad de una ola de juicios por esta postura, el industrial admitió que "en la Argentina todo se puede judicializar, pero la UIA no afirma que se tiene que despedir al trabajador sino que cada empresa sabrá qué hacer en la práctica y los riesgos que asume".
"Lamentablemente aún con la norma muy clara a nadie se le puede ocurrir que alguien pueda ganar un salario sin trabajar. Este es el marco. Lo deseable es que no se judicialice porque hay suficiente argumentación, pero la decisión la va a tomar cada empleador", reseñó.
ED
