Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola advirtieron que pedirán decomisar "los instrumentos y las ganancias obtenidas" de los delitos cometidos en el marco de la causa Vialidad, que estudia la obra pública bajo los gobiernos kirchneristas en conjunto con el empresario y amigo Lázaro Báez, lo que significaría un monto final por casi mil millones de dólares.
"Vamos a solicitar el decomiso de los instrumentos y de las ganancias obtenidas de los delitos analizados", dijo el fiscal, mientras continúa el último día de los alegatos y el pedido de condena, donde ya solicitaron contra Cristina Kirchner y otros doce imputados por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz penas que van de cinco a 16 años de prisión, con inhibición perpetua para ejercer cargos públicos.
A continuación, explicó que se pedirá decomisar "5.321 millones de pesos” y que equivale en dólares a "casi mil millones de dólares".
Luciani pedirá de 5 a 16 años de prisión e "inhabilitación perpetua" para Cristina Kirchner
“Generaron una desconfianza en la actividad administrativa como la contratación de obras públicas, porque los fondos no fueron empleados para fines nobles”, dijo el fiscal Luciani al explicar el avance sobre el pedido de decomiso.
Y habló en este sentido de la importancia del “recupero de los activos provenientes de un ilícito” como aquellos que fueron adquiridos “en función de maniobras defraudatorias”. Asimismo, dijo que el destino de los bienes sobre los cuales decomisados “deben ir a instituciones del bien público” como una forma “de retribución al daño ocasionado”.
Para Luciani, Cristina Kirchner es la "jefa" de la asociación ilícita
Luciani dijo que no encontró “un solo atenuante” de la pena solicitada a la vicepresidenta de la Nación, a quien consideró “jefa” de la asociación ilícita por las obras cedidas al empresario Lázaro Báez durante su Gobierno.
Luciani expuso un listado extenso de las agravantes de la pena por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública. Refirió a una máxima de 16 años de prisión. En el listado de agravantes señaló la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño” y el “lucro personal” que persiguió la vicepresidenta.
También señaló al “cargo” que ocupaba ella y su marido, en referencia al fallecido Néstor Kirchner. Otro punto fuerte es “el desprecio a la ciudadanía” y “la falta de arrepentimiento” por parte de ella. Sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López dijo que tampoco obtuvo “atenuantes” de la pena.
Sobre la vicepresidenta también valoró su "nivel educativo" para haber cometido el delito que se está juzgando y que fue "la principal usufructuaria" de la maniobra: 5.321 millones de pesos fue el perjuicio a la administración pública que definieron los fiscales en los 12 años investigados, desde 2003 a 2015.
Sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López tampoco dijo encontrar “atenuantes” de la pena y en el caso del exministro tuvo en cuenta las condenas anteriores.
Uno por uno el fiscal Luciani evaluó agravantes y atenuantes y en la mayoría de los 13 implicados no encontró elementos para suavizar las penas pedidas, que ya había adelantado podían alcanzar un máximo de 16 años teniendo en cuenta la máxima de la figura de asociación ilícita que es de diez años y el de defraudación de seis años.
JD / CP
