Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dieron a conocer este lunes 22 de agosto el pedido de penas para los acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, para quien se solicitó una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
El tramo final de la novena y última jornada de alegato resumió lo que ambos representantes del Ministerio Público detallaron en las audiencias anteriores, realizaron una evaluación político-judicial y culminaron con el pedido de penas.
Sobre el final de la audiencia, Diego Luciani señaló: "Esta parte solicita se condene a Cristina Fernández a la pena de 12 años de prisión", y solicitó además la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner: "Señores jueces, es corrupción o justicia"
“Los gobernantes deben rendir cuentas, y cuando fallan todos los controles, es en el ámbito de la justicia donde deben hacerlo”, había dicho momentos antes. Y agregó: “Este grave caso debe marcar un antes y un después en la corrupción y en la contratación de la obra pública”, al tiempo que expresó que la democracia “tiene una deuda en materia de corrupción”.
“Sin justicia no hay orden, ni desarrollo integral, ni tampoco paz social. Señores jueces, está en sus manos que no se siga banalizando la corrupción sistémica orquestada desde lo más alto del poder ejecutivo”. "Es corrupción o justicia", subrayó poco antes de anunciar su pedido de prisión efectiva para la vicepresidenta.
Vialidad: Luciani y Mola quieren decomisar una suma de casi mil millones de dólares de los acusados
Luciani: "Algunos dirigentes optaron por ignorar la gravedad de los actos de corrupción"
"La sociedad mira a los fiscales y a los jueces como la última esperanza frente a estos atropellos. El fiscal es quien procura que estos fondos mal habidos vuelvan al Estado, lo que está en juego es el patrimonio del erario, que sirve para mejorar las condiciones de vida de la población en general", expresó el funcionario judicial.
Y siguió: "Digo esto porque desde hace un tiempo vengo observando con asombro que algunos dirigentes optaron por ignorar la gravedad de los actos de corrupción".
En esa línea, apuntó contra la vicepresidenta: "La misma imputada, Cristina Fernández, desafió a este tribunal al aseverar 'a mi me absolvió la historia', cuando bien sabe que en un sistema republicano es el poder judicial el que absuelve o condena".
Diego Luciani dijo que pedirá de 5 a 16 años de prisión para Cristina Kirchner
Luciani dijo que Cristina Kirchner "empleó su cargo en pos de alcanzar la finalidad de lucro"
El fiscal Luciani adelantó en el segundo tramo de su exposición que las escalas penales para el caso prevén como base una pena para la ex presidenta “de 5 a 16 años” de prisión, y también que "se va a solicitar para todos los imputados una inhabilitación perpetua”.
"Es la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", sentenció el fiscal.
En el caso de la presidenta del Senado, consideró que actuó con "un apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos para alcanzar el fin" y acusó a la vicepresidenta de "priorizar el interés personal sobre el interés público" y "defraudar a la sociedad".
Asimismo, dijo que es agravante "su condición de presidenta de la Nación en le momento de los hechos". "Señores jueces, ostentaba el cargo máximo del estado nacional y lo empleó en pos de alcanzar la finalidad de lucro", dijo.
Por otro lado, Luciani solicitó además el decomiso de más 5 mil millones de pesos (casi 1000 millones de dólares) que atribuyen a la defraudación al Estado por parte de los imputados de la causa.
Sergio Mola: "El perjuicio causado por la maniobra delictiva no resulta menor a 5.321millones de pesos"
Al retomar la palabra, el fiscal Sergio Mola buscó defender el peritaje que sustenta gran parte de la acusación. Reconoció, en línea con uno de los grandes argumentos de Cristina Kirchner para rechazar la acusación, que "hubo 5 de 51 obras que se peritaron".
"De estas obras, hubo tres que fueron adjudicadas con presupuestos que superaban los oficiales", sostuvo al tiempo que consideró: "La relevancia del peritaje praticado sobre las obras seleccionadas ha evidenciado la finalidad defraudatoria de la maniobra".
"En los casos no peritados vamos a dar por válidos los presupuestos oficiales aún cuando los peritajes nos permiten inferir lo contrario", sostuvo sobre las 46 obras restantes que forman parte del juicio. En esa línea, le puso monto al supuesto perjuicio: calculó $5.321.049.272,47 millones por la diferencia entre presupuestos oficiales y monto final adjudicado, cerca de mil millones de dólares.
En esa línea, el fiscal avanzó con un resumen sobre lo que ocurrió con las obras bajo la mira. Marco como irregularidades que "hubo 763 meses de prórroga para las obras, casi 63 años". Eso porque, según Mola, "querían mantenerlas vivas para seguir expoliando al Estado".
Más adelante, el fiscal lanzó: "Concluimos que el perjuicio causado por la maniobra delictiva no resulta menor a 5.321.049.272,47, una cuantía desmesurada del daño causado".
Anticipó que ese monto será tomado "como base para el oportuno decomiso que vamos a solicitar", sin dar mayores precisiones. Añadió que "el objetivo de la maniobra fue beneficiar directamente a Báez e indirectamente a los ex presidentes".
Luciani sobre Báez: "Fue el niño mimado de las más altas autoridades".
Tras dos horas de exposición, el fiscal Diego Luciani tomó intervención en la audiencia y siguió con el detalle del rol que tuvieron los funcionarios de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz y Vialidad Nacional en la maniobra de presunta corrupción. Cerró su primera exposición con la mira en Lázaro Báez: "Fue el niño mimado de las más altas autoridades".
Con esa frase, el integrante del Ministerio Público buscó graficar el rol que tenía el empresario santacruceño en el entramado. "Tenía línea directa con (José) López y la ex presidenta, quienes armaron luego el plan 'limpiar todo'", dijo en relación a lo que ocurrió con la organización una vez que terminó el gobierno kirchnerista.
"Fue el primer beneficiado de la maniobra", dijo Luciani sobre el empresario acusado de ser partícipe necesario al tiempo que agregó que su aporte "fue indispensable para la defraudación".
Obra Pública | Mola: "No es verosímil que Cristina Kirchner no se enterara de nada"
El encargado de abrir la novena jornada de alegatos en el juicio de la obra pública fue el fiscal coadyuvante Sergio Mola, quien avanzó sobre la descripción de los distintos imputados en el juicio. "José López subvirtió sus competencias para favorecer la maniobra ilícita que hemos explicado", afirmó el funcionario.
López, uno de los principales acusados en el juicio fue el nombre que abrió la jornada. Mola indicó que el ex secretario de Obras Públicas tenía como deber intervenir en la política nacional vial que delineaban los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. También aseguró que "no sólo era el interlocutor entre las empresas de Báez y la presidenta, sino que fue parte de la traza del plan para huir y dejar las rutas abandonadas".
En segundo lugar, el fiscal mencionó el rol de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, segundo de López. Primero lo criticó porque supuestamente recortó el detalle de sus funciones en la indagatoria y después sostuvo que no estuvo atento a alertas de posibles irregularidades.
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"Por un lado intentó desatenderse de las facultades de contralor pero por otro lado explicó que habría estado siempre alerta en posibles irregularidades, negando que hubiera habido alguna que despertara su atención", señaló el fiscal.
"Es claro que Fatala tuvo una injerencia real en el desarrollo de las obras públicas", dijo el fiscal sobre el ex funcionario quien junto a López tenía, según el fiscal, una estrecha vinculación con la entonces presidenta Cristina Kirchner.
El fiscal mostró unos mensajes en los que Fatala y López intercambiaban mensajes donde aparece mencionada "la jefa" o "la Pta.", en relación a la entonces presidenta, a quien debían consultarle sobre cuestiones inherentes a obras . De ese modo, el fiscal lanzó: "No es verosímil que Cristina Fernández no se enterara de nada en la soledad de su despacho".
Tras dos horas de alegato, Mola avanzó sobre la responsabilidad que le endilga la Fiscalía a los ex jefes del Distrito 23 de Vialidad Nacional Mauricio Collareda y Raúl Darwich. Mientras la vicepresidenta avisaba vía Twitter que había pedido ampliar su indagatoria, el fiscal sostuvo que ambos funcionarios "aparentaron tomar alguna intervención formal como si hubieran cumplido con su deber".
El funcionario aseguró que "se aniquilaron todas las normas jurídicas posibles para que Lázaro Báez se haga de las obras y las cobrara", e indicó que si un sólo eslabón de la cadena hubiera actuado correctamente hubiera impedido las presuntas maniobras ilícitas.
Obra Pública: última audiencia de alegatos fiscales
En la jornada de este lunes 22, el fiscal Diego Luciani le pondrá fin a su alegato en el juicio oral de la causa Vialidad, dentro de la cual se acusa a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a un grupo de exfuncionarios y al empresario Lázaro Báez por el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a Grupo Austral. Se espera que, tras presentar los últimos elementos de prueba, se realice el pedido de pena.
A su vez, según pudo saber La Nación, una vez que el fiscal exponga los pedidos de condenas, el Tribunal Oral Federal 2 podría dictar un cuarto intermedio de hasta diez días hábiles para que los abogados defensores de los 13 acusados preparen sus alegatos.
Juicio por la Obra Pública | Luciani: "Báez montó un emporio con dinero de todos los argentinos"
En la anteúltima audiencia, la fiscalía expuso las conductas de los acusados que probarían que estos integraban una asociación ilícita que tenía como principal objetivo el sustraer fondos públicos. Al mismo tiempo, explicaron por qué considera que la ex vicepresidenta era la jefa del grupo.
“La persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández, quien se desempeñó como presidenta de la Nación”, señaló Luciani, y apuntó en contra de Baéz, Julio de Vido, José López y Nelson Periotti como organizadores de dicha asociación.
Asimismo, el fiscal rechazó las acusaciones de persecución política, o lawfare, en contra de la vicepresidenta y afirmó que ella actuó e intervino con el objetivo de beneficiar ilegalmente a Lázaro Bárez y al Grupo Austral. Es por esto que durante su alegato buscó demostrar el vínculo entre Báez y la familia Kirchner.
"El corrupto persigue a quien lo contradiga”, citó Luciani, dicho del papa Francisco de 2014, antes de pasarle la palabra al fiscal Sergio Mola.
En este sentido, Mola también hizo alusión a las acusaciones de que se trataba de un caso de lawfare y remarco que "tal construcción jurídica no existe".
Pedido de condena y expectativas
Ante la contundencia de las pruebas reveladas durante el alegato, se esperaba que el fiscal Luciani pidiera una dura condena tanto para la vicepresidenta como para Báez y los exfuncionarios acusados de participar del hecho.
Si el tribunal condena a la vicepresidenta, veredicto que se conocería a fin de año, la pena sólo se volvería efectiva si el fallo queda firma luego de una revisión de la Corte Suprema, lo que podría llevar años.
AS AG CP
