Frutas y verduras: proponen mercados concentradores transparentes para que bajen los precios
La CAME sostiene que los productores no son los formadores de precios, que se encarecieron por encima de la inflación.
Las mandarinas aumentan hasta 13 veces al llegar a la góndola. |
Frutas
LaConfederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le planteó al presidente Alberto Fernández la necesidad de que haya mercados concentradores transparentes para mejorar los precios al consumidor de las frutas y verduras, teniendo en cuenta que aumentaron, respectivamente 64,4% y 58% en 2020 según la medición del INDEC.
“Como entidad que representa a las pequeñas y medianas empresas agropecuarias estamos sumamente preocupados por las altas distorsiones de precios que sufren los consumidores en alimentos básicos y saludables”, dijo Eduardo Rodríguez, presidente del sector de Economías Regionales de la CAME.
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Para la entidad, la ausencia de mercados concentradores transparentes hace que se genere un lugar propicio para la triangulación intra y extra-mercados, encareciendo la mercadería de forma innecesaria sin valor agregado alguno. "Hay que terminar con la aceptación del ‘Precio Oído’ que, por décadas, fue un factor distorsivo. Esto condiciona el libre juego de la oferta y la demanda y hace que los consumidores estén expuestos a una imposición de un operador comercial".
Rodríguez expresó que "los productores agropecuarios no somos formadores de precios. Está demostrado que la incidencia de la producción primaria en el valor final de los alimentos es mínima. Las distorsiones y los sobrecostos están en los intermediarios y en otros eslabones de la cadena".
Cuánto recibe el productor
Y agregó: “Según el índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de enero, los precios de los productos frutihortícolas aumentaron 6,09 veces desde que salieron del campo hasta que llegaron a la góndola”.
De acuerdo con el último IPOD elaborado por la CAME, la participación promedio del productor agropecuario en el precio final de las frutas y verduras se ubica en torno al 25% (en algunos casos no llega al 7,5%). El Estado, en tanto, tiene una participación del 32%, llegando al 40% si se suman los tres niveles (nación, provincias y municipios).
