La Fiscalía Federal de San Nicolás solicitó el procesamiento de los directivos de la empresa Satus Ager, dedicada al desflore de maíz, a quienes acusaron de explotar laboralmente al menos a 237 trabajadores rurales en campos en Ramallo y Arrecifes, provincia de Buenos Aires.
La Fiscalía, a cargo de Matías Di Lello, junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), cuyos cotitulares son Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, hicieron la petición ante el juez Carlos Villafuerte Ruzo. Los hechos tuvieron lugar en los campos denominados “Doña Clementina” y “Santa Celestina”, durante diciembre de 2010 y enero de 2011.
El pedido de procesamiento se realiza sobre seis personas, cuatro directores de la firma y dos encargados, quienes se encuentran imputadas en calidad de coautoras del delito de trata de personas con fines de trabajo forzoso, agravado por haber sido cometido de manera organizada por más de tres personas en concurso ideal con el delito de reducción a la servidumbre u otras prácticas análogas.
Rescatan a 100 trabajadores rurales que vivían en condiciones infrahumanas.
La fiscalía pidió también que se dicte la inhibición general de bienes a todos los imputados y que se traben embargos hasta alcanzar, al menos, la suma de 22.430.485 pesos para garantizar la reparación de todas las víctimas.
De acuerdo con la presentación del MPF, las directivos y encargados están acusados de haber participado en la captación de trabajadores, en su mayoría oriundos de la provincia de Santiago del Estero. Describieron que, una vez llegadas a los campos bonaerenses, las víctimas debían trabajar “de sol a sol” y en condiciones infrahumanas: sin baños, luz, agua potable, con comida vencida y malos tratos. La desfloración del maíz es una tarea que debe realizarse de manera manual.
"Lo que está detrás de su contratación es la presunción de que, por las condiciones de pobreza en las que viven, aceptarán condiciones que otros trabajadores rechazarían”, sostuvo la fiscalía sobre las víctimas.
El engaño
De acuerdo con la presentación realizada por el MPF, los trabajadores habrían sido captados a través de una propuesta laboral engañosa en su lugar de origen por parte de quien sería el “cabecilla” de cada cuadrilla.
Según la declaración de las víctimas, la organización del traslado era por cuadrillas de aproximadamente 17 personas -15 obreros, un cocinero y un cabecilla encargado de controlar la cuadrilla-, que partían conjuntamente desde su pueblo natal hasta el lugar de trabajo mediante micros provistos por la empresa. Varios trabajadores señalaron que desconocían las características, el tiempo de trabajo y el monto de la remuneración que iban a cobrar por las tareas que debían realizar.
Trata de personas: una cruda realidad que persiste
Y agregaron: “Todos los testimonios son elocuentes en cuanto a la necesidad económica que atravesaban, su nulo o bajo nivel de escolarización, siendo incluso varios de ellos directamente analfabetos”.
Cómo eran las condiciones
La fiscalía añadió que, una vez allí, los trabajadores debían realizan jornadas que oscilaban entre las 10 y las 14 horas diarias. El pago era por hectáreas y podían realizar una determinada cantidad por semana. Sin embargo, los obligaban a repasar cada hectárea una y otra vez y por ende la paga se reducía drásticamente, remarcó.
Además, las víctimas eran alojadas en precarios “trailers” y en galpones de chapa, en condiciones de hacinamiento. Según consta en el dictamen, “aproximadamente 80 empleados vivían en una casilla prearmada totalmente construida de chapas con piso de tierra, camas cuchetas estilo militar, sin ningún tipo de alumbrado”.
La fiscalía repasó los testimonios de las víctimas, quienes detallaron que los campos de SATUS AGER S.A. no contaban con luz, baños ni agua potable: el agua funcionaba con molinos de viento y, por lo tanto, ante la ausencia de viento tenían que subir a hacerlo girar. Fuente: fiscales.gob.ar.
LM
