La empresa Vicentin SAIC presentó ante el juzgado civil y comercial de Reconquista una propuesta de pago por la deuda de US$ 1.400 millones que tiene con más de 1.700 acreedores, con una quita de capital del 75% y un plazo de repago de 20 años.
Dicha formalidad que el apoderado de la empresa, Guido Ferullo, presentó ante el juzgado de Fabián Lorenzini, responde a la inminencia impuesta por ley de 20 días hábiles previos al 3 de septiembre, vencimiento del plazo para hacer la propuesta de pago.
En ese sentido, el documento que presentó el referente de la agroexportadora ante la Justicia admite que la misma se lleva a cabo "al solo efecto de cumplir con este acto procesal perentorio", para evitar así un posible salvataje judicial.
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Junto a ello, la presentación se hizo porque Lorenzini todavía no se expidió sobre el pedido de prórroga que solicitó la empresa hasta el 31 de marzo de 2022. El documento fue firmado también por Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin SAIC.
El contenido de la propuesta sería considerado "inaceptable" por los principales acreedores, el Banco Nación y entidades financieras internacionales, como así también para la mayoría de los acreedores granarios, según consignó Télam.
Esto es así porque el instrumento con el cual la empresa pagaría el 25% de la deuda bruta que mantiene sería en Obligaciones Negociables (ON) en dólares y pesos y a 20 años, una emisión que la Comisión Nacional de Valores (CNV) debería aprobar.
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Asimismo, la CNV no tiene otro papel similar de una empresa argentina en el mercado de capitales local, lo cual haría difícil encontrar compradores. Las ON devengarían intereses calculados sobre saldos del 0,5% anual en el caso de los tramos dolarizados.
Respecto de la tasa Badlar para los pesificados, se encuentra lejos de los retornos que pagan otras empresas argentinas en dólares (de entre 7 y 11% anual) y por debajo de la inflación, superior al 50% interanual según las últimas cifras del INDEC.
Vicentin SAIC entró en default en diciembre de 2019 con más de 1.727 acreedores comerciales y financieros a quienes dejó impago cerca de US$ 1.400 millones. Ello derivó en el concurso preventivo que se dirime en el despacho del juez Lorenzini.
En abril último, el Banco Central suspendió a la empresa para la operación en el mercado de cambios y la realización de pagos al exterior, tras confirmarse que mantiene una deuda de US$ 140 millones por exportaciones realizadas en 2019.
JFG
