¿Es legal cerrar la frontera con Bolivia mediante un alambrado?

La controversia por la instalación de alambrados en la frontera entre Argentina y Bolivia pone en cuestión el equilibrio entre la protección del territorio y el cumplimiento de las normativas internacionales.

Cuál es el objetivo del alambrado en la frontera

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la abogada Cynthia Castro, quien expresó que, “lo que se busca es proteger el territorio argentino, ya que Argentina nunca ha intentado reforzar la protección de territorios ajenos”. 

Según la entrevistada, “proteger las fronteras es un derecho inherente a la soberanía nacional y una responsabilidad del Estado, que debe garantizar la seguridad, el control migratorio y la integridad territorial”. Y remarcó que cualquier medida, como la instalación de alambrados, “debe ajustarse al derecho internacional”.

En continuidad con el tema, Castro mencionó que el problema radica en la constante circulación de personas que ingresan y salen del país sin registrarse en Migraciones ni presentar documentación, es decir, entran de manera ilegal. “Esta situación genera un riesgo para Argentina, ya que no se cuenta con registros ni huellas, y en caso de un incidente, la persona involucrada no tendría una identidad legalmente reconocida”, añadió.

¿Es posible una solución a través de esta implementación?

Al ser consultada sobre la efectividad del alambrado, la abogada aseguró que la solución “se determinará una vez se tomen las medidas adecuadas”, y, en este caso, “el municipio está impulsando que el control no sea de jurisdicción federal, sino local, dada la constante circulación a través de los 200 metros del río que separan ambos países”. Y agregó: “En esta zona se cometen delitos como el tráfico de drogas y bienes, lo que implica un riesgo significativo para el país”.

Para Castro, “aunque 200 metros pueda parecer una distancia pequeña frente a los 700 km de frontera con Bolivia, cualquier parte de nuestro territorio es soberanía nacional”. Y remarcó que el Estado tiene derecho a regular el ingreso de personas y bienes, asegurando que no haya comercio ilegal ni el ingreso de productos, como alimentos, que representen un riesgo para la salud de los ciudadanos. 

Al finalizar, la abogada agregó: “Además, es fundamental prevenir el tráfico ilícito de personas, que es una de las principales preocupaciones en esta área de la frontera”.