Justicia y urbanismo: a 30 años de la Constitución porteña, los avances y las deudas pendientes

A tres décadas de la sanción de la Constitución porteña, el vínculo entre justicia y urbanismo sigue siendo determinante para el desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires. El  urbanista Andrés Borthagaray sostuvo que, aunque el texto constitucional es avanzado, su implementación ha sido parcial: “son dos temas que aunque a veces no se piense, están íntimamente legados”.

El especialista destacó que muchas de las transformaciones urbanas más relevantes no surgieron únicamente desde el poder político, sino a partir de la intervención judicial. En ese sentido, remarcó: “exigir el cumplimiento de la constitución e ir a la justicia no es para frenar, sino para generar en lo positivo cambios urbanos”.

El rol de la justicia en los avances urbanos

Uno de los ejemplos más claros que mencionó Borthagaray es la creación de las comunas. Aunque la Constitución establecía su implementación para 2001, recién se concretaron tras reclamos judiciales. Según explicó, “si no se hubiera actuado en la justicia para exigir el cumplimiento, esa norma no estaría hoy en vigencia”.

Otro caso paradigmático fue el cambio de proyecto en el sistema de transporte. Originalmente se planeaban túneles viales, pero la falta de evaluación ambiental y de audiencia pública derivó en una presentación judicial que modificó el rumbo: “el gobierno terminó reconsiderando el proyecto y en vez de hacer algo para autos, hizo algo de transporte público que cambió la fisonomía de la ciudad”.

Para el urbanista, estos casos evidencian que la justicia puede actuar como un actor que mejora la calidad de las políticas públicas. En línea con esto, citó una idea clave: “no sea solamente el Ejecutivo y la Legislatura, sino también la justicia que intervenga para que se puedan llevar adelante los programas”.

Las deudas pendientes en la Ciudad

Sin embargo, no todo es avance. Borthagaray advirtió que aún existen importantes deudas en el cumplimiento de la Constitución. Una de ellas es la preservación del patrimonio arquitectónico. A pesar de la existencia de normativas y áreas de protección, señaló que “hay una lógica que está conspirando contra la preservación del patrimonio”.

Otro punto crítico es el acceso público al río, un derecho contemplado en la Constitución pero aún postergado. En este aspecto, el especialista fue contundente al señalar que la ciudad continúa atrasada en garantizar ese acceso.

En síntesis, la evaluación a 30 años muestra un escenario mixto: avances logrados gracias a la intervención judicial y asignaturas pendientes que requieren mayor decisión política y control ciudadano. Para Borthagaray, el desafío sigue siendo claro: convertir los derechos consagrados en la Constitución en realidades concretas para los habitantes.