Privatización del Banco Nación: “El Gobierno está rozando constantemente la inconstitucionalidad”

El juez Ramos Padilla ratificó la medida cautelar que frena la conversión del Banco Nación en sociedad anónima, lo cual impide temporalmente que el Gobierno avance con su plan de privatización. Ante este panorama, Canal E dialogó con la abogada, Noelia Lezcano, quien destacó que esta decisión es una manifestación de la autonomía del Poder Judicial frente al Ejecutivo.

El Banco Nación: una entidad fuera del alcance del Ejecutivo

"Esta cautelar no es más ni menos que un síntoma de época frente a un Poder Judicial que ha estado casi adicto a las estructuras del Ejecutivo", aseguró Noelia Lezcano. Luego, manifestó que la decisión del juez Padilla pone en evidencia que "el Banco Nación no está bajo la autoridad absoluta del Ejecutivo, sino que es un ente autárquico, con autonomía económica y política".

Lezcano remarcó la importancia de la separación de poderes y señaló que, "pareciera que algunos sectores creen que ganar una elección significa tener la suma del poder público. Pero la Constitución es clara: el Banco Nación depende del Congreso y de sus auditorías".

Críticas hacia la forma en que el Gobierno planea avanzar con la privatización del Banco Nación

La entrevistada explicó que la decisión del juez se basa en el estatuto del Banco Central, que subraya la autonomía del Banco Nación y su carácter de entidad de interés público. "Es clave destacar que el banco sigue siendo público y con intereses públicos, lo que es fundamental en una economía conflictiva como la nuestra", afirmó.

Lezcano también criticó la forma en que el Ejecutivo pretende avanzar con la privatización: "Si realmente hubiera una situación de emergencia que justificara esta medida, tendría que pasar por el Congreso. No se puede gobernar de manera autocrática, sin respetar los pesos y contrapesos".

La postura del Gobierno frente a la legalidad

Sobre el interés público de la privatización del Banco Nación, la abogada no dudó en señalar que, "no tiene otra explicación más que la intención de desmantelar una organización social que responde a un Estado de Derecho". Además, sostuvo que, "el Presidente está actuando como un economista de la esfera privada y no como un mandatario que debe implementar políticas públicas para sus ciudadanos".

Lezcano advirtió que el Gobierno "está rozando constantemente la inconstitucionalidad, pasando por alto leyes como la 19.550 de sociedades, sin respetar el marco normativo que debe regir cualquier acción de esta magnitud".