Según Fundación Capital, "aun si la reforma laboral avanza el impacto directo en el costo laboral sería acotado"

La última edición de la Síntesis Económica Semanal de la Fundación Capital reveló un diagnóstico preocupante: el empleo formal sigue en retroceso, mientras crecen las formas precarias y cuentapropistas como estrategia de supervivencia. El informe advierte que “el empleo muestra señales de alerta” y subraya que “los puestos de trabajo por cuenta propia e informales se consolidan como refugio ante la destrucción de empleo formal”.

Según los datos que presenta, desde el cambio de gobierno se habrían perdido 177.000 empleos asalariados privados registrados (ajustados por estacionalidad), a los que se suman otros 63.000 empleos públicos menos, todos desde noviembre de 2023. El saldo neto: una contracción de 240.000 puestos de trabajo registrados. En contrapartida, creció el trabajo independiente: hay 106.000 monotributistas y autónomos más, y un incremento de 280.000 trabajadores por cuenta propia no registrados en el tercer trimestre de 2025, comparado con un año atrás.

La fundación también advierte sobre el impacto estructural de esta tendencia: “En los últimos 13 años (2012–2025), el empleo asalariado privado registrado apenas creció un 3%”, es decir, unas 185.000 personas. En cambio, “el trabajo registrado se explica cada vez más por el cuentapropismo (+45%) y el empleo público (+30%)”.

Informalidad sin freno: casi la mitad del mercado

Uno de los datos más sensibles del informe es el nivel de informalidad: al tercer trimestre de 2025, el 44% de las personas ocupadas eran informales. Dentro de ese universo, “el 36,7% correspondía a asalariados sin registrar y el 65% a trabajadores por cuenta propia no registrados”. En términos claros, la fundación advierte que “cerca de la mitad de los trabajadores no están bajo la legislación laboral actual”.

A esto se suma una actividad económica estancada durante 2025. Según el texto, “la economía se amesetó a lo largo del año, en un contexto donde los sectores más intensivos en empleo, como la industria y la construcción, no logran dinamizarse”.

Qué propone el proyecto de modernización laboral

En ese contexto, el informe repasa los ejes del proyecto que se discute en el Senado de la Nación Argentina y subraya que el objetivo explícito es reducir la litigiosidad y actualizar reglas para un mercado de trabajo que cambió.

1) Definiciones y base para indemnizaciones

El texto busca precisar qué se considera relación laboral y qué no, incluyendo una delimitación más estricta en contrataciones de servicios/obras y en ciertos esquemas asociados a plataformas. También plantea cambios sobre qué integra el salario base para cálculos indemnizatorios, con exclusiones específicas (por ejemplo, propinas, aguinaldo, conceptos ligados a vacaciones y premios no mensuales) y una lista más clara de beneficios “no remunerativos” (como comedor, indumentaria o capacitaciones).

2) Fondo para indemnizaciones

Se propone un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con un aporte mensual del 3%, con un esquema de compensación vía reducción equivalente en contribuciones patronales al SIPA.

3) Cambios en la dinámica judicial

El documento destaca artículos que apuntan a limitar discrecionalidad y ordenar costos del proceso: se exigiría mayor alineación con criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se recortaría el impulso de oficio y se incorporarían instancias de caducidad. Además, se mencionan ajustes en honorarios (peritos con parámetros tarifados) y un tope para acuerdos de cuota litis (hasta 20%).

4) Organización del trabajo

El proyecto incorpora un banco de horas, habilita fraccionamiento de vacaciones (con un mínimo de días) y reduce el plazo de aviso previo. También endurece requisitos para certificados médicos y contempla readecuaciones de tareas tras accidentes. En materia de conflictividad, insiste con niveles mínimos de prestación en sectores esenciales y otros considerados de alta relevancia.

5) Relación con sindicatos y convenios

Se plantean límites a la extensión automática de cláusulas vencidas y se abre la puerta a convenios de alcance más acotado (por empresa o región) con primacía en su ámbito. También se fijan condiciones más exigentes para asambleas en horario laboral.

6) Incentivos a la formalización laboral

El informe marca dos herramientas centrales que propone el proyecto de modernización laboral para la formalización del empleo:

• RIFL: un régimen temporal que reduce cargas patronales para nuevas incorporaciones durante 48 meses, con una baja fuerte desde niveles habituales hacia un esquema reducido, focalizado en perfiles como desempleados, informales, monotributistas e incluso ciertos casos de empleo público.

• PER: un programa para regularizar relaciones no registradas con condonaciones y planes, y la posibilidad de computar hasta 60 meses de aportes para trabajadores que sean formalizados.  

Aunque respalda la iniciativa, Fundación Capital aclara que “la modernización es necesaria pero no suficiente para quebrar esta dinámica”. Aun con incentivos e instrumentos nuevos, los autores del informe advierten que los beneficios directos sobre el empleo serán acotados si no se logra reactivar la economía.

“La reducción de costos laborales se concentra en las nuevas incorporaciones”, señala el texto, que concluye que el desafío de fondo es más amplio y exige “una agenda de productividad, mayor crecimiento económico y más sectores capaces de generar empleo de calidad”.