Abogada de la familia de Rocío Gómez apuntó contra el Patronato y la Justicia: "Con lo poco que vi, hicieron casi todo mal"

La abogada de la familia de Rocío, Daniela Morales, cuestionó el accionar del Patronato de Liberados y del Juzgado de Ejecución en el seguimiento del condenado por el femicidio. La letrada aseguró que recién este lunes solicitaron ser admitidos como querellantes y anticipó que impulsarán una investigación para determinar si hubo incumplimientos por parte de los organismos encargados del control.

Morales sostuvo que, con la información que pudo revisar hasta el momento, detectó múltiples irregularidades. "Con lo poco que vi, que es un 30% o 40%, hicieron casi todo mal, desde el primer momento, desde la investigación de la primera condena", afirmó.

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La abogada explicó que, aunque la Fiscalía no tiene competencia directa sobre el Patronato, solicitarán que se investigue el desempeño de los funcionarios. "Vamos a solicitar la investigación, ya sea elevando un informe a la Fiscalía General o mediante una denuncia penal", indicó.

Además, cuestionó las declaraciones de la directora del Patronato. "La escuché decir que 'nosotros delegamos informes y ahí termina nuestra tarea'. La señora está equivocada. Si cree que ahí termina su trabajo, que se dedique a otra cosa, porque no es así", expresó.

Los controles

Morales recordó que el condenado tenía una serie de obligaciones impuestas por la Justicia como condición para mantener la pena en suspenso. Entre ellas, no acercarse al domicilio de la víctima, abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes, realizar tratamiento y cumplir tareas comunitarias. "Había que controlar quién supervisaba el cumplimiento de esas condiciones. Yo escuché que no se presentaba, que no hacía tratamiento. ¿A usted le parece que eso es un control?", cuestionó.

En ese sentido, también planteó interrogantes sobre el seguimiento del consumo problemático del condenado. "¿Quién controlaba que realmente se abstuviera de consumir estupefacientes, teniendo en cuenta que tenía problemas de consumo y valoraciones de riesgo alto emitidas previamente por los juzgados?", señaló.

Asimismo, sostuvo que también debía verificarse que no residiera en el domicilio de la víctima. "Bastaba con levantarse y hacer su trabajo. Estamos cansados de los funcionarios de escritorio", afirmó.

Denuncias previas

La letrada aseguró que existían múltiples denuncias anteriores por violencia de género que evidenciaban la peligrosidad del agresor y que debían haber sido consideradas. Según detalló, Rocío había realizado una denuncia en 2022 en la que solicitó una valoración de riesgo. En 2023 también se elaboró un diagnóstico que determinó un riesgo alto y, posteriormente, hubo nuevos episodios, entre ellos una causa por resistencia a la autoridad en la que el acusado rompió el vidrio de un automóvil con una piedra y otra denuncia por lesiones leves calificadas en septiembre de 2024.

"Claramente Rocío estaba inmersa en un ciclo de violencia. Cada vez que la llamaban se retractaba, pero sabemos bien que en violencia de género la retractación no puede valorarse de esa manera", sostuvo.

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Morales también cuestionó la decisión judicial que otorgó una condena condicional. "En todos los años que llevo en la Justicia no he visto una reducción tan importante respecto de la pena que había solicitado el Ministerio Público Fiscal. Pero el problema es que después nadie controló el cumplimiento de las condiciones", afirmó.

Para la abogada, el desenlace pudo haberse evitado si los mecanismos de control hubieran funcionado correctamente. "Si el Patronato emitía los informes y el juez tenía conocimiento de los incumplimientos, tenía facultades para actuar. Si no hacía nada, también debía denunciar esa situación", remarcó.

Finalmente, dejó una de las críticas más duras hacia los organismos intervinientes. "Hay una vida humana que ya no se va a recuperar y esto se podría haber evitado. Mataron a una mujer y quedaron tres criaturas solas", concluyó.