Abogado de Córdoba asegura que prohibir a los naranjitas es “inconstitucional” y que “son fundamentales en la ciudad”

En Córdoba, el debate por los naranjitas volvió a escalar luego de los anuncios provinciales para prohibir su actividad. En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), Miguel Rodríguez Villafañe sostuvo que la figura cumple una función social clave y advirtió que la iniciativa vulnera la autonomía municipal.

Para el jurista, la mirada que reduce el problema a hechos aislados es incompleta. “El naranjita es fundamental en la ciudad”, afirmó, y explicó por qué lo considera un servicio de interés público esencial.

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Según detalló, no sólo colabora en el estacionamiento en zonas congestionadas, sino que también ordena el tránsito y se convirtió en un referente barrial: “El naranjita ahora ha pasado a ser el informante de la zona”, señaló, al remarcar que hoy es quien orienta a vecinos y visitantes en un contexto donde ya no existen figuras tradicionales como el policía de la cuadra o el quiosquero.

A esa función urbana, sumó una dimensión social: “El naranjita cumple una función de contención humana. Estamos perdiendo cada vez más el contacto humano”, sostuvo.

E hizo una diferenciación clave: "Que haya mafia es otro tema. En el aeropuerto hubo una mafia de taxis, pero no por eso dejó de haber taxis ahí".

Críticas a los datos oficiales y respaldo de otros municipios

Villafañe cuestionó lo que definió como una “información tramposa” sobre las aprehensiones vinculadas a cuidacoches difundidas por el ministro Juan Pablo Quinteros. “Se realizaron 49 aprehensiones vinculadas a cuidacoches o naranjitas, pero después en letra chica sólo 11 fueron por violación del artículo 60. ¿Son 49 o son 11?”, planteó.

Otro de los ejes del planteo fue la falta de actualización de la tarifa oficial. De acuerdo a la ordenanza vigente, explicó, el monto debería revisarse dos veces al año. Sin embargo, denunció que hace 11 meses no se actualiza.

“La tarifa está en 500 pesos, que es una vergüenza si estamos hablando de playas casi a 3.000 pesos por hora”, comparó.

El límite: no invadir al otro

Si bien defendió la actividad, fue enfático al marcar un punto de corte: “No quiere decir que se toleren cosas que son inaceptables. Para eso está el Estado que ponga las cosas en su lugar”, aclaró. En ese marco, insistió en que la salida no es la prohibición sino la organización en cooperativas, que permitan control, reglas claras y protección para los propios trabajadores.

A su vez, Villafañe sostuvo que la iniciativa provincial es inconstitucional. Recordó que la Constitución provincial reconoce a los municipios autonomía y poder de policía sobre materias como tránsito, uso de calles, vialidad y asistencia social.

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“El Código de Convivencia Ciudadana provincial no puede avanzar sobre ámbitos que son de la municipalidad; en todo caso debe colaborar”, afirmó. A su entender, cada ciudad debe definir su propio esquema de funcionamiento, porque las realidades no son iguales en todos los territorios.

Exclusión social

Finalmente, amplió el análisis al contexto social y político, en el que ubicó también la discusión sobre los limpiavidrios. “Yo lo llamo una limosna con dignidad”, definió, al explicar que se trata de una forma de subsistencia que evita el pedido directo.

En ese marco, advirtió sobre los efectos de una política centrada exclusivamente en la sanción: “Se está dejando sin empleo a una persona cada cuatro minutos”, afirmó, y alertó que, sin salidas laborales o de organización social, la exclusión puede derivar en mayores niveles de delito.