Abren sumario para investigar a jueces y fiscales por el caso del expolicía Horacio Grasso

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó abrir un sumario administrativo para detectar todas las posibles fallas del sistema judicial que permitió que un condenado de perfil violento continuara en prisión domiciliaria a pesar de denuncias en su contra.

Se trata del expolicía Horacio Grasso, sentenciado a 27 años de cárcel en 2009 por una Cámara del Crimen de esta ciudad.

Perfil CÓRDOBA publicó el domingo pasado un informe con el detalle de todos los puntos inexplicables. 

El caso del expolicía Horacio Grasso: prueba palmaria de lo que no funciona en la Justicia

La Oficina de Sumarios comenzó a analizar las intervenciones de los jueces de Ejecución Penal que le otorgaron y controlaron la prisión domiciliaria, Gustavo Echenique Esteve, de Río Cuarto; y Facundo Moyano Centeno, de Córdoba, respectivamente.

También pondrá bajo la lupa las fiscalías intervinientes en dos denuncias: la de un vecino de Grasso a quien le quemó la puerta de ingreso a su departamento, y la de una mujer que se presentó a la Unidad Judicial de Delitos Sexuales para relatar que había sido abusada por él. 

Este último expediente tiene una envergadura importante porque la denuncia data del 2022 y fue ampliada en 2023. La víctima especificó nombre y apellido del victimario: un hombre, expolicía y condenado. El expediente está a cargo de la fiscal Ingrid Vago.

Según pudo reconstruir este medio de fuentes diferentes, Grasso presentaba un perfil alto y conflictivo, a tal punto que generó innumerables problemas de convivencia en la cárcel. 

Dos jefes narcos y barrabravas de Belgrano, trasladados a Buenos Aires por su peligrosidad

Un funcionario llegó a decir: “El Servicio Penitenciario hizo un informe para sacárselo de encima”. Los reportes eran “malos” sobre Grasso, pero justamente esa situación en un contexto de hacinamiento en las cárceles, ¿pudo justificar el otorgamiento de la domiciliaria?

Con el derrotero posterior y el hallazgo de un cadáver en un placar del departamento donde estaba detenido, es fácil deducir que esa conflictividad la trasladó a su residencia, primero con su madre -a quien agredió- y luego con sus vecinos del edificio de Buenos Aires 351.

Al cuadro hay que sumar las innumerables ocasiones en que el Patronato del Liberado no lo encontró en su domicilio, y las 225 alertas que disparó la tobillera electrónica cuando se alejó del radio donde debía permanecer.

El caso es un ejemplo palmario de lo que no funciona en la Justicia. 

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