El hallazgo de un cadáver dentro de un placar en el edificio de Buenos Aires 351, departamento 3°B en pleno centro de Córdoba, desencadenó acontecimientos que evidencian fallas palmarias del funcionamiento de la Justicia de Córdoba.
Horacio Antonio Grasso, condenado a 27 años de cárcel por el homicidio violento de un niño, cumplía prisión domiciliaria controlada con tobillera electrónica en ese inmueble, propiedad de su familia. Vivía allí desde el 5 de marzo del 2021. Antes había estado con prisión domiciliaria en la casa de su madre, pero se la revocaron porque agredió a la mujer. Luego volvieron a otorgársela.
La última etapa de esta cronología ocurrió 3 de julio de este año, cuando el juez de Ejecución Penal Facundo Moyano Centeno ordenó que regresara a la cárcel. Actualmente, está en el complejo penitenciario de Bouwer. Es decir, que pernoctó en el departamento del horror los últimos cuatro años y cuatro meses.
Sin embargo, el 12 de octubre del 2022 una mujer que pertenece a su círculo familiar se había presentado en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género en el Polo de la Mujer para denunciarlo. Relató que una noche fue dopada y abusada sexualmente por él. Luego, en diciembre del 2023, amplió la denuncia por los mismos delitos.
Resulta inexplicable que ninguna de esas denuncias haya modificado de inmediato la modalidad en la cual permanecía detenido. Grasso es un preso problemático, con alto consumo de fármacos, pero a pesar de un perfil psicológico violento –según trascendió del Juzgado de Ejecución Penal– no hay diagnóstico psiquiátrico.
Hace pocos días, después de todo lo que sucedió desde que volvió a la cárcel, la víctima pidió asesoramiento al abogado Carlos Nayi. La Justicia la admitió como querellante. ¿Cómo fue posible que la Justicia permitiera que siga en el domicilio con semejante denuncia?
Dos versiones encontradas
Perfil Córdoba solicitó información a la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual que tramita la denuncia por abuso, a cargo de Ingrid Vago, y al Juzgado de Ejecución Penal 1, cuyo titular es Facundo Moyano Centeno. Ninguno de los dos magistrados accedió a una entrevista, simplemente brindaron algunos elementos respecto a la tramitación de los expedientes bajo su competencia. El que está en la fiscalía sigue bajo secreto de sumario, a tres años y medio de la primera presentación.
Fuentes de la fiscalía especial aseguraron haber dado noticia de las denuncias al Juzgado de Ejecución Penal. Desde ese tribunal negaron a este medio haber recibido alguna información al respecto. ¿Cuál de las dos versiones es real?
Fallos públicos a los que no se permite acceso
Perfil Córdoba solicitó el viernes 18 de julio, por escrito, dos resoluciones firmadas por el juez Moyano Centeno: una fechada en junio último, donde rechazó el pedido de Grasso para acceder al beneficio de la libertad condicional, y la última, de los primeros días de este mes, donde le revocó la prisión domiciliaria.
En todas las coberturas judiciales donde hay fallos jurisdiccionales, este medio trabaja sobre esos documentos. Es material imprescindible para realizar una crónica con datos certeros y precisos. Los dos fallos solicitados al juez Moyano Centeno son públicos. Sin embargo, no los remitió, a pesar de que el pedido fue reiterado el jueves 24 de julio personalmente en barandilla. El objetivo era corroborar qué elementos tuvo en cuenta el juez para modificar la prisión domiciliaria de Grasso y si entre esos datos había alguna evidencia o registro de la denuncia que se radicó en la Unidad Judicial del Polo de la Mujer y luego en la Fiscalía de Ingrid Vago.
Puntos incomprensibles
El caso Grasso pone al descubierto fallas del Poder Judicial. Hay hechos que son inexplicables o injustificables, como los siguientes:
1- Que Horacio Grasso gozara por segunda vez de prisión domiciliaria habiendo agredido a su madre. En las dos ocasiones se la otorgó el juez de Ejecución Penal de Rio Cuarto, Gustavo José Echenique Esteve.
2- Que no exista un diagnóstico psiquiátrico del condenado, al menos según información verbal del Juzgado de Ejecución Penal, que se negó a entregar dos fallos solicitados.
3- Que una mujer haya presentado dos denuncias contra Horacio Antonio Grasso, en octubre de 2022 y diciembre de 2023, y esa novedad no lo depositó antes en la cárcel.
4- Que a dos años y medio de la primera denuncia, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual continúe con un expediente abietto, en trámite, sin imputaciones y bajo secreto de sumario. Se deduce de la escasa información a la que pudo acceder este medio porque las causas de índole sexual son reservadas.
5- Que haya aparecido un cadáver, hasta ahora NN, en el placar del departamento que Grasso habitó en calidad de detenido, hasta que volvió al penal de Bouwer.
6- Las innumerables violencias que padecieron sus vecinos de edificio, conocidas por el portero, que fue su tutor ante la Justicia. ¿Por qué Damian Reartes nunca contó a la Justicia los episodios que conocía de Grasso? El Juzgado aseguró a este medio no haber tomado conocimiento de esas circunstancias.
7- Que un juez provincial no permita a un medio de comunicación el acceso a fallos públicos.
