Acoso a una empleada doméstica en Córdoba: condenan a un matrimonio a pagar 1,5 millones de pesos

Un juzgado laboral de Córdoba condenó a Mirta Gladys Caparroz y a su esposo, Rubén Eduardo Silvi, a pagar 1,5 millones de pesos a una trabajadora de casas particulares, identificada aquí como V., por el acoso sexual y laboral que Silvi ejerció sobre ella. La cifra corresponde a septiembre de 2024, cuando terminó el vínculo laboral. Con los intereses hasta el día de la sentencia, el monto asciende a $3.322.084,53. La condena es solidaria: V. puede reclamar el total a cualquiera de los dos.

La sentencia, dictada el 9 de septiembre por el juez Ezequiel Rueda, también obliga a Caparroz, empleadora de V., a pagar $11.183.750 por el despido sin causa. Incluye la indemnización por los años trabajados, los sueldos de julio y agosto de 2024 que no abonó y otros conceptos laborales.

La empleadora la había despedido el 6 de septiembre de 2024 por "abandono de trabajo", cuando V. se recuperaba de una cirugía de columna y tenía licencia médica. El tribunal descartó esa causal.

"Fue todo un calvario"

V. trabajó para el matrimonio entre 2013 y 2018. En esa primera etapa, contó, no tuvo problemas. Volvió en 2020. "Ahí empieza el calvario", resumió sobre el regreso. Dice que aceptó volver porque estaba sin empleo y que, tras la operación de columna, nadie más la contrataba.

Todo empezó con un pedido en apariencia menor: que le pasara una crema en la espalda cuando no había nadie más en la casa. Él pretendió que bajara la mano a una zona íntima. Ella dejó la crema sobre la mesa de luz y salió del cuarto. "Me puse muy nerviosa, pero no dije nada", recordó en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

Terminó el juicio por estafas a las ART: incluyó penas efectivas para los principales acusados

Después llegaron las conversaciones en las que él le hablaba sobre sexo, los videos pornográficos que le mostraba desde el celular y la vigilancia diaria. "Yo, incómoda, porque sabía que él estaba atrás mío", describió sobre las tardes en que Silvi se sentaba a observarla mientras ella terminaba sus tareas. Una vez, cuando la familia dejó la cocina, él se acercó a saludarla. Ella le dio un beso en la mejilla y él le pidió: "Dame un beso más lindo". V. le puso la mano en el pecho y lo frenó.

En otra ocasión, relató, él le planteó que las mujeres solas reciben ayuda para pagar el alquiler "a cambio de sexo". Sabía que ella vivía sola y alquilaba. "Yo prefiero trabajar", le respondió. Otra tarde, cuando se quedaron solos, le pidió que se quedara con él. V. juntó sus cosas tan alterada que olvidó una bolsa de basura que debía sacar. Una amiga la encontró llorando, desesperada. "Yo no daba lugar y nunca se lo di como para que él me acosara de esa forma", sostuvo.

Calló durante tres años por miedo. "Si yo hablaba me iban a despedir, porque la culpable iba a ser yo", explicó. "Tuve que aguantar". El cuerpo empezó a pasarle factura: "Ataques de pánico, de ansiedad, no querer levantarme, no querer ir al trabajo".

Con el apoyo de una de sus hijas y de dos amigas se animó a denunciar. "Fue como un alivio, pero a la vez vivía con miedo, no quería salir a la calle, miedo de encontrarlo", contó. Durante la denuncia sufrió un ataque de pánico y debieron medicarla en el lugar.

V. contó que, en ese tiempo, llegó a intentar quitarse la vida. "Todo eso me ha costado prácticamente la vida", dijo. Su abogado confirmó que las historias clínicas incorporadas a la causa registran esos intentos. "Realmente dañino por donde se lo vea", resumió Pablo Ferreira.

Se dispusieron medidas de restricción por tres meses y, según su relato, después hizo una segunda denuncia porque él pasó frente a su casa.

El despido fue otro golpe. "Ahí se me vino el quiebre de todo", dijo. Tuvo que irse a vivir a la casa de sus padres. Cree que la echaron como castigo por haber consultado a un abogado: "¿Por qué tienen que valer los derechos de ellos y los míos no?".

Hoy sigue en tratamiento psiquiátrico, que lleva más de dos años. "He buscado por todos lados y no consigo trabajo", dijo. Vende alfajores para sostenerse y depende de la ayuda de sus padres, algo que "no es la idea".

Cómo se probó el acoso

Los acusados no fueron a la audiencia, no contestaron la demanda ni presentaron pruebas. Por eso el juez tomó como ciertos los hechos relatados, mientras no se demostrara lo contrario. Además, reconoció que este tipo de conductas suele ocurrir sin testigos, lo que dificulta la prueba directa.

La decisión se apoyó en otros elementos. Varias testigos no vieron los episodios, pero describieron el deterioro de V. y lo que ella les había contado. Constan también las denuncias, con medidas de protección. Pesaron, sobre todo, las pericias oficiales de una psiquiatra y una psicóloga. Concluyeron que V. sufre secuelas de lo vivido y estimaron una incapacidad del 25,4% y del 39,6%, respectivamente. La psicóloga habló de un cuadro postraumático severo. Ninguna fue impugnada.

Qué dijeron los peritos sobre el acusado

Silvi se presentó a los peritajes, a diferencia de la audiencia de conciliación. La psicóloga oficial lo evaluó y su informe, reseñado en la sentencia, describe una persona con dificultad para controlar sus impulsos y para considerar las necesidades de los demás. Según la perita, cuando una situación le exige resignar lo que necesita, no logra hacerlo y se impone la satisfacción propia. Por eso consideró "factible" que pudiera ejercer distintos tipos de violencia, incluidos el acoso y el abuso.

Tras el invierno, en Córdoba cayeron 78% internaciones por virus respiratorios y no hubo muertes en lactantes

El informe también matiza ese cuadro. La profesional no observó en Silvi una personalidad con necesidad de poder o de dominio. Describió, en cambio, a un hombre inseguro, con sentimientos de inferioridad, temor a las relaciones personales y rasgos depresivos leves. Y advirtió que las personas con este perfil pueden descargar impulsos intensos cuando la vulnerabilidad del otro es evidente, aunque se muestren siempre como personas "tranquilas y respetuosas", de quienes no se imagina una conducta inadecuada.

Ferreira calificó de "muy contundentes" los peritajes sobre el acusado. Con todo, el juez no tomó ese perfil como prueba de los hechos. Lo usó junto con el resto de las pericias y los testimonios para confirmar el daño psíquico de V., que atribuyó a las acciones de Silvi en el ámbito de trabajo.

El juez rechazó el curso de género

La demanda pedía, además del dinero, que los condenados hicieran un curso de género y que la sentencia se publicara. El juez rechazó ambas medidas. Argumentó que excedían lo que debía resolver en este juicio.

Para Ferreira, ese rechazo deja a la reparación sin su parte preventiva. Sostiene que el daño moral no solo debe compensar a la víctima, sino también desalentar estas conductas, y que esas medidas tienen sustento en normas internacionales que, a su criterio, la justicia laboral cordobesa omite. Por eso apeló ante la Cámara del Trabajo. "Una reparación escasa, una reparación en especie inexistente", resumió.

"Una cifra irrisoria"

Ferreira valoró que el fallo reconozca el acoso pese a lo difícil de probarlo: "En lo sustancial el fallo es muy bueno". Pero cuestionó el monto. La demanda pedía $5 millones por este daño y el juez fijó 1,5 millones a valores de 2024. Para dimensionarlo, el tribunal tomó como sueldo mensual de V. $344.920: la indemnización equivale a casi diez de esos sueldos.

"Es una cifra bastante irrisoria", dijo el abogado, que recordó además que los salarios del servicio doméstico son muy bajos. A su juicio, el juez "fijó un monto en el aire", sin fundamentos suficientes, y la suma no cumple una función ejemplificadora. "Lo penoso del caso es que esta chica debía soportar todos estos padecimientos porque era su fuente de trabajo", afirmó. Y agregó: "El servicio doméstico es una de las franjas laborales más débiles".

Para V., la sentencia no refleja su sufrimiento. "Para mí fue muy pesado todo esto", dijo. "Esperaba mucho más de la justicia".