La diputada nacional por Córdoba Laura Rodríguez Machado defendió un proyecto que busca endurecer la respuesta judicial frente a delitos graves y evitar que la fuga de los acusados termine beneficiándolos con la prescripción. La iniciativa establece que los delitos sancionados con prisión perpetua no prescriban y también plantea modificaciones en los plazos de prescripción y suspensión.
En diálogo con Punto a Punto Radio, Rodríguez Machado, quien preside la Comisión de Legislación Penal, explicó que el proyecto surgió a partir del caso de Yamila Segovia, una niña que sufrió un abuso sexual por parte de su padrastro y cuyo acusado permaneció prófugo durante 14 años. “Finalmente cuando encuentran al autor, el delito había prescrito, es decir, no puede ser juzgado por este delito”, explicó la diputada. A partir de ese caso, sostuvo que comenzó la discusión sobre qué herramientas necesita el Estado para investigar y juzgar delitos graves.
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Rodríguez Machado señaló que la iniciativa busca “fortalecer la respuesta judicial frente a hechos de fuga en particular”. El proyecto establece “que no prescriba la acción penal en penas correspondientes a delitos sancionados con prisión perpetua, sino que también elevan los plazos de prescripción”, explicó.
La diputada agregó que la propuesta contempla nuevos supuestos de interrupción y suspensión de los plazos. Además, incluye un "agravamiento de las penas para determinados delitos sexuales", sostuvo Rodríguez Machado, quien aclaró que la iniciativa se tratará junto con otros proyectos que presentaron distintos bloques. Según explicó, existen alrededor de 14 iniciativas vinculadas con esta discusión.
Delitos sexuales y prescripción
Ante la consulta sobre si todos los delitos de índole sexual quedarían alcanzados por los cambios, Rodríguez Machado aclaró que el proyecto establece distintos mecanismos según la gravedad del delito. “Estamos hablando de aquellos que tengan prisión perpetua que no van a prescribir”, explicó. Para los demás casos, planteó revisar los mecanismos que actualmente interrumpen o suspenden los plazos.
La diputada puso como ejemplo los casos en los que la víctima es menor de edad. “Actualmente cuando un menor es víctima de un abuso sexual se suspende la prescripción hasta que esta persona tiene 18 años”, señaló. “Nosotros estamos trayendo a discusión otras interrupciones también, como aumentar el plazo de estas suspensiones e interrupciones de estos delitos para concretamente que el tiempo no pueda ejercer una liberación para el sujeto del delito”, agregó. Para Rodríguez Machado, el objetivo no pasa únicamente por aumentar las penas, “sino también revisar los supuestos de la suspensión y la prescripción de delitos graves”, sostuvo.
La sesión del Congreso
Rodríguez Machado también se refirió a la sesión que podría tratar temas vinculados con morosidad, el DNU 70 y discapacidad. Sobre este último punto, destacó que existe una propuesta que busca "establecer una ley que no deba renovarse año a año", sostuvo. Según explicó, originalmente los bloques habían acordado que la sesión se realizara el 20 o 21 de octubre, pero la discusión en torno al decreto modificó el escenario.
La diputada cuestionó además el pedido de derogación del DNU y sostuvo que podría implicar un retroceso en distintas medidas que, según su postura, beneficiaron a los argentinos. “Uno de ellos afecta tremendamente a Córdoba, la política de cielos abiertos que establece este DNU”, afirmó. Según la diputada, esa medida permitió mejorar la conectividad aérea de la provincia, aunque consideró que todavía no alcanza el nivel esperado.
Rodríguez Machado anticipó que su sector buscará evitar que la sesión alcance el quórum necesario para avanzar con la derogación del DNU. “Esperamos que no ocurra esa sesión y que endeudamiento y discapacidad se trate como corresponde en la sesión que habíamos acordado”.
Además cuestionó el eventual regreso de la antigua Ley de Alquileres. “Todos sabemos que lejos de proteger al inquilino o al que alquila su vivienda, genera una disparidad tremenda y una falta de oferta de alquileres, con lo cual ha aumentado el precio”, afirmó.
La diputada planteó que la discusión genera una “disyuntiva muy fuerte” porque, desde su perspectiva, una eventual derogación implicaría volver atrás en materia de seguridad jurídica. “Para las inversiones tienen el peor de los escenarios, que siempre es marcha adelante y marcha atrás, todo el tiempo”, sostuvo.
En ese sentido, advirtió sobre la incertidumbre que generan los cambios constantes en las normas. “Este es un país en el que los argentinos estamos acostumbrados a hacer cosas y decir, bueno, ¿cuánto durará esta ley? Y siempre vivir en incertidumbre”, señaló.
Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa "Decilo como es" con Patricio Luján.
