Baja de denuncias por robos y hurtos: ¿cuánto incidió el plan de territorialidad de las fiscalías?

A dos años del denominado “plan de territorialidad”, que consiste en que cada fiscal de la ciudad de Córdoba esté dedicado exclusivamente a investigar los delitos de un sector, los resultados son prometedores y plantean nuevos desafíos. Así lo revela el testimonio de cinco funcionarios entrevistados por Perfil CÓRDOBA. Y también la estadística de robos y hurtos denunciados en la ciudad. En el último año, el número cayó más del 25%, según datos del Instituto de Seguridad y Convivencia. Si bien no contiene la “cifra negra” de víctimas que no denuncian, la evolución de la curva es descendente. 

¿Cuánto influyó la nueva modalidad de trabajo de las fiscalías penales? Lo primero para decir es que la medición abarca a toda la ciudad de Córdoba, pero el observatorio que elabora la estadística ha iniciado la tarea de discriminar cada distrito, unidad judicial o jurisdicción policial. En los próximos meses, la lupa puesta sobre cada sector permitirá visualizar con precisión dónde persiste la delincuencia y si el trabajo fiscal y policial es eficaz para prevenir y desarticularla.

Denuncias por robos y hurtos, un termómetro de la inseguridad

Cómo nació el nuevo plan

En mayo de 2023, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba puso en marcha en toda la ciudad y parte del Gran Córdoba el “Plan de gestión territorial del conflicto penal”. Las fiscalías dedicadas a investigar los delitos comunes se turnaban por semanas, según cuatro distritos en que está dividida la circunscripción. Cada tres o cuatro semanas, les tocaba intervenir y recibir todos los hechos delictivos del distrito. 

A partir de entonces, la división de tareas fue diferente. Cada fiscal quedó a cargo de una porción de ese territorio. Esa decisión se sumó a dos instrucciones más: acumular causas con los mismos delincuentes y mantener en prisión a aquellos que incurrían nuevamente en el delito a pesar de que no tuvieran condenas previas. El objetivo fue evitar la denominada “puerta giratoria”. Territorialidad, acumulación de expedientes y la “reiterancia” fueron los puntales de la nueva modalidad de trabajo.

A dos años de esos cambios, los fiscales consultados señalaron que les permitió detectar bandas y en algunos casos desbaratarlas, identificar a los delincuentes reincidentes, definir qué tipo de delitos se cometen y en qué lugares y adoptar medidas preventivas en conjunto con la Policía de Córdoba. Eso provocó la especialización de la investigación, al generarse expedientes por determinados hechos, como por ejemplo los robos a las aplicaciones de movilidad o escruches (robos a casas vacías).

También imprimió mayor celeridad en los trámites de las causas, condenas en juicios abreviados iniciales que descomprimieron el trabajo de las Cámaras del Crimen. La proximidad de los fiscales en el territorio les provee información en tiempo real de la inseguridad que aqueja a los barrios. A los ciudadanos también debería beneficiarlos conocer qué funcionario está a cargo de investigar lo que sucede a su alrededor, pero quizás no todos lo saben.

¿Hubo mejoras en el trabajo diario? Sí. ¿En todos los distritos funcionó igual? No. ¿Todos los fiscales trabajan del mismo modo? No. ¿Hay quejas? Sí.

Lo que este medio advirtió, al relevar experiencias, fue que la división del territorio podría ser mejor, teniendo en cuenta la altísima conflictividad de algunos barrios, a diferencia de otros. También hay ruido interno por la exigencia de los turnos continuos. Cada fiscal, con sus funcionarios, debe investigar los hechos que se produzcan en su territorio las 24 horas del día. Produce un desequilibrio con relación al resto de los fueros.

También surge evidente que no hay homogeneidad en el trabajo de las fiscalías. Que una tenga 30 detenidos y otra 150 puede deberse a la dispar inseguridad según los barrios, pero también a la mayor o menor presencia de los fiscales en su territorio. A modo de crítica, una funcionaria deslizó la siguiente reflexión: ¿qué culpa tienen los vecinos si el sistema no funciona en su barrio?

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Se produjo otro efecto. La combinación de directivas desembocó en una discusión que generó ruido en el Ministerio Público Fiscal: ¿las bandas de delincuentes –que ahora sí se detectan porque interviene el mismo fiscal– aplican para imponerles la imputación de asociación ilícita? Miembros de varias de ellas fueron condenados por ese delito y recibieron penas más elevadas. Asaltantes y motochorros que eran imputados por robo calificado, pasaron a cargar con la acusación de asociación ilícita. 

El Código Penal prevé penas para los jefes de esas organizaciones que van de los cinco a los 10 años de prisión y para los miembros la sanción parte de los tres y se eleva también a 10 años de cárcel. El resultado fue sacar las bandas de circulación, procurando menguar el impacto de la inseguridad en la población.

Sin embargo, la discusión jurídica se instaló a partir de las declaraciones del fiscal general adjunto, Alejandro Pérez Moreno, en una disertación académica. Criticó a los fiscales que, por la mera participación conjunta de dos o más personas en hechos delictivos, terminan siendo imputadas por asociación ilícita. Citó como ejemplo la banda de motochorros imputada por ese delito. Abogados defensores creen –algunos funcionarios judiciales lo desmienten– que esa calificación motiva una mayor cantidad de prisiones preventivas.

El gobierno provincial, que anunció y apoyó el plan de territorialidad en la ciudad de Córdoba, no quiere meterse en esa discusión que abrió una grieta en el MPF. Lo que tiene claro es no distraer el objetivo de menguar la inseguridad.