Los datos estadísticos del Instituto de Seguridad y Convivencia de la Provincia muestran un claro descenso en la cantidad de denuncias de robos y hurtos en la ciudad de Córdoba. Son los delitos sustanciales que provocan el fenómeno de la inseguridad y la sensación que afecta a los ciudadanos.
Perfil CÓRDOBA los solicitó para cotejar la evolución de los últimos dos años, desde que comenzó el plan de territorialidad de las fiscalías.
Los gráficos muestran que después de la pandemia del 2020 –cuando el encierro hizo caer el delito– se produjo un ascenso notorio hasta llegar a un pico, en 2023. Lo refleja la tasa de 3.650 denuncias por robo y 2.159,4 denuncias por hurto, cada 100 mil habitantes, registrad ese año.
En la comparación interanual 2024-2025, por el contrario, la curva decreció considerablemente. Mientras que en el primer semestre del año pasado se denunciaron 27.000 robos, este año en el mismo período la cifra cayó a 20.000, lo que muestra una disminución del 26,5%.
Si se analizan los hurtos denunciados, el panorama es similar. En el primer semestre de 2024 hubo 17.000 hechos y este año fueron 12.000. Esa caída representa un 27%.
Baja de denuncias por robos y hurtos: ¿cuánto incidió el plan de territorialidad de las fiscalías?
Barrios y sectores con problemáticas bien diferenciadas
Así lo revelan las cinco entrevistas realizadas. Cada fiscal definió las características del delito en los barrios bajo su jurisdicción.
Nicolás Torres, secretario del fiscal José Mana (Distrito I Turno 3)
Tiene bajo su competencia entre Celso Barrios, al sur de la ciudad, con límite este en la Avenida O´higgins y oeste en la Avenida Vélez Sársfield. Se extiende hasta el complejo penitenciario de Bouwer. Incluye, entre otros, a los barrios Obispo Angelelli, Nuestro Hogar 3, Artigas, parte de Inaudi y también countries, como el Jockey Club Córdoba.
Cada sector presenta problemáticas diferenciadas: en barrios vulnerables hay usurpaciones organizadas y alta conflictividad familiar y vecinal; los delitos cometidos en la cárcel tienen particularidades del contexto de encierro, y en los countries abundan robos calificados perpetrados por bandas.
“La territorialidad hizo más eficiente la persecución penal”, advierte Torres, “porque se pueden conocer a los autores y bandas”. “Cuando se hacen los procedimientos, disminuyen los hechos y es posible coordinar con las comisarías y el jefe del distrito policial”. Agrega que hay gran cantidad de juicios abreviados.
Antes de 2023, según los turnos semanales, podían intervenir todos los fiscales del Distrito. En la actualidad, Torres es el funcionario que interviene en la cárcel de Bouwer. Allí se investigan daños y lesiones de los internos a los penitenciarios y también los malos tratos y torturas de los guardiacárceles hacia los presos. A ello se suma el ingreso de elementos prohibidos, como teléfonos y drogas. Todo queda en sus manos.
María Florencia Espósito, fiscal (Distrito II Turno 5)
Su territorio abarca barrios con alto nivel de inseguridad: Villa Inés, Acosta, Renacimiento, Villa El Milagro, Campo de la Ribera, Maldonado, Altamira y Río I. Próximamente se anexarán Colonia Lola y Miralta.
“Podemos conocer la modalidad comisiva y especializarnos en la investigación de ciertos delitos”, señala, al tiempo que pondera “resultados muy positivos” del plan de gestión territorial. “Antes veíamos el problema en forma parcial, mientras que ahora podemos abordarlo en su integralidad”, destaca y agrega que pasaron de investigar hechos aislados, algunos de poca importancia que, al acumularse, adquirieron otro cariz.
Gracias a eso, Espósito logró desarticular bandas de asaltantes de choferes de Uber, Didi y Cabify. “Esos hechos son cometidos en su mayor parte por menores de edad”, lo que plantea un problema. “Pudimos detectar dónde se cometían, reducirlos y trabajar con la Policía y las empresas para prevenirlos”, señala.
“El pipazo y el consumo de droga está muy presente”, destaca. Tiene menos flagrancias que expedientes comunes porque las primeras, en su mayoría, son cometidas por personas que “roban para seguir consumiendo estupefacientes”.
Luis Micheli, fiscal (Distrito II Turno 3)
Interviene en un amplio sector que va desde la Rotonda del Ala hasta el peaje a Carlos Paz; y desde Avenida Fuerza Aérea hasta Armada Argentina (ruta 5 camino a Alta Gracia). “Son todos barrios de clase media baja trabajadora”, explica Micheli. La inseguridad se da por robos y hurtos. Tiene 12.000 sumarios abiertos por año, lo que da un promedio diario de 25. La mitad es por flagrancias. No tiene bandas identificadas.
Raúl Garzón, fiscal (Distrito III Turno 7)
Su territorio abarca los barrios Ampliación Residencial América, Ayacucho, Centroamérica, General Bustos, General Mosconi, General Savio, Guayaquil, Juan Pablo II, Los Álamos, Los Gigantes, Residencial América, San Nicolás, Talleres Este y Oeste y Villa Azalais. Todo altamente conflictivo. En general, las fiscalías del Distrito III están explotadas de trabajo.
Para Garzón, la potencialidad del plan territorial está en que se identifica al fiscal de cada sector, permite el abordaje de las modalidades delictivas propias, ubicar y desarticular bandas organizadas. Es posible conocer la población delictiva de la zona, si los presos ya estuvieron detenidos. También pondera la oralidad en las audiencias de prisión preventiva o flagrancias que permiten una “resolución rápida, acordar juicios abreviados iniciales por la gran cantidad de reincidentes o condenas condicionales anteriores”.
Aclara que en su sector “predominan los hechos individuales por la urgente necesidad del consumo de droga”.
Juan Pablo Klinger, fiscal (Distrito IV Turno 3)
Es responsable del territorio entre Costanera Norte hasta Villa Allende y Avenida La Voz del Interior hasta Islas del Atlántico Sur. La mayoría son barrios de clase media alta, como Cerro de las Rosas y Urca, pero también hay una zona conflictiva entorno al barrio Los Boulevares.
Klinger destaca que la territorialidad le permitió descubrir numerosas bandas a las que aplicó la figura penal de “asociación ilícita”, donde muchos de sus miembros confesaron su participación y fueron condenados en juicios abreviados iniciales.
Ejemplos: la “banda de los futbolistas” que, además de organizar partidos de fútbol y asados, planeaban robos; la “banda de Los Cortaderos”, que montaba una barricada en proximidad del Club Los Amigos para sorprender a automovilistas y asaltarlos; la banda de los “escruches”, que fue posible identificar a partir de un hecho y el secuestro de teléfonos celulares donde se develaron los roles y una logística sofisticada para robar en casas vacías, y la banda de los “motochorros”, que se identificó porque vecinos viralizaron en grupos de WhatsApp la imagen de los delincuentes.
