Caso Flores: el PJ impuso su mayoría por la licencia y evitó la expulsión que reclamaba la oposición
El oficialismo hizo valer su mayoría en la Unicameral y aprobó la licencia de Ramón “Cañito” Flores por 34 votos contra 31. La UCR, el juecismo, la izquierda y otros bloques reclamaron su expulsión por indignidad, en medio del escándalo por los antecedentes judiciales de dos asesores del legislador de Río Seco.
En una sesión atravesada por el escándalo que rodea al legislador Ramón “Cañito” Flores, el oficialismo impuso este miércoles su mayoría en la Unicameral y aprobó la licencia del departamental por Río Seco, pese al rechazo cerrado de la oposición, que reclamaba su expulsión por “indignidad”. La votación terminó 34 a 31, en un recinto donde no hubo guerra discursiva en el hemiciclo legislativo, solo los cinco minutos para una serie de cuestiones de privilegio de los opositores que fueron rechazadas.
La definición legislativa expuso, una vez más, el choque entre el PJ y la oposición frente a la crisis política que golpea a Flores. El oficialismo optó por la licencia como salida institucional, mientras que la UCR, el juecismo, la izquierda y otros bloques del arco opositor consideraron que esa medida resulta insuficiente frente a la gravedad de los hechos vinculados con dos (ex) asesores del legislador que cuentan con antecedentes judiciales.
El caso cobró dimensión después de que se conociera la situación de José Aníbal Ricardo Villarreal, quien permanece detenido e imputado en una causa que investiga presuntos abusos sexuales y grooming en Villa María de Río Seco, pago chico del peronista. A esto se sumó el antecedente de Ariel Alejandro Rodríguez, condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de peculado y usurpación, con sentencia firme.
El fuego cruzado, sin embargo, se dio principalmente fuera del recinto. Allí quedaron expuestas las posiciones contrapuestas que llegaron a la sesión: el PJ defendió la licencia como mecanismo para apartar temporalmente a Flores mientras se despeja su situación ante el avance de la investigación judicial, mientras que la oposición sostuvo que el caso ameritaba una respuesta institucional más contundente: la exclusión definitiva.
Con la aprobación de la licencia, el oficialismo consiguió cerrar la salida que había definido para evitar que el escándalo escalara dentro del recinto. La oposición, en cambio, redobló su apuesta con la certeza de que el caso Flores seguirá siendo una herramienta de presión política sobre el PJ y un nuevo foco de disputa en la Unicameral.
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Embate opositor
El juecismo rechazó la licencia y sostuvo que, frente a los antecedentes de los (ex) asesores que surgieron durante la investigación judicial, correspondía apartar a Flores de la Legislatura. “No aceptamos la licencia”, afirmó Walter Nostrala, quien remarcó que “lo que correspondía era la separación del cargo al legislador” del oficialismo.
"Por todos los antecedentes que hemos visto que van apareciendo tras la investigación de la fiscal (Analía Cepede), lo que correspondía era la separación del cuerpo del legislador", declaró el halcón juecista a Perfil Córdoba.
Desde la UCR ratificaron el pedido de expulsión por "indignidad" y cuestionaron que la licencia sea utilizada como respuesta institucional. “Desde el primer momento fuimos claros: íbamos por la exclusión”, sostuvo Matías Gvozdenovich.
Para el jefe de la bancada radical, “están mezclando la imputación” con el planteo de indignidad contra Flores y sostuvo que el legislador debe responder por haber contratado a personas “con causas de abusos sexuales” y por presuntas irregularidades en las rendiciones de fondos ante la Legislatura. “Lo que nosotros consideramos es que tiene que ser expulsado de la Legislatura de Córdoba”, remarcó.
La radical Brenda Austin endureció aún más la crítica y acusó al PJ de proteger políticamente a Flores. “Los legisladores del peronismo que votaron esa licencia son cómplices de un encubrimiento de esta trama de impunidad”, afirmó.
La parlamentaria anticipó que la oposición volverá a pedir la expulsión y sostuvo que Flores no puede continuar en la Unicameral frente a los antecedentes de integrantes de su equipo y las presuntas irregularidades en las rendiciones de fondos. “Una persona que reúne los antecedentes que tiene Flores (...) no puede seguir estando sentado en esta Legislatura”, sostuvo. “Creemos que es realmente un día triste para esta Legislatura”, sentenció.
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Postura oficialista
Quien salió al cruce de las críticas opositoras fue el legislador Leonardo Limia. El oficialista defendió la decisión de aprobar la licencia sin goce de sueldo y la presentó como la respuesta adecuada para este momento de la investigación que lleva adelante la justicia.
“Creemos que en esta instancia la licencia sin goce es importante que se haya tomado”, sostuvo. El peronista también marcó distancia con cualquier tolerancia frente a los hechos investigados: “No nos va a temblar el pulso para tomar la decisión que haya que tomar sobre cualquier miembro de esta Cámara”.
En ese sentido, el integrante del bloque Hacemos Unidos por Córdoba expresó su “repudio a este aberrante hecho de abuso sexual, grooming” y su solidaridad “con las víctimas y con las familias”, pero insistió en que “creemos que es lo que correctamente había que realizar” conforme a la etapa en la que se encuentra la investigación del caso Flores.
Pliego del juez electoral
En la continuidad de la sesión, el cuerpo aprobó la renuncia al cargo de secretario legislativo presentada por Guillermo Arias, cuyo pliego de designación como nuevo juez electoral tomó estado parlamentario y se aprobará en el plenario del próximo miércoles.
Ante la vacante producida, la cámara avanzó con el nombramiento de Rebeca González como nueva secretaria legislativa de la Unicameral cordobesa.
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