De Loredo empodera a Ferrero y el PJ contraataca: guerra de carpetazos y sesión caída en la Unicameral

La guerra de los carpetazos sumó otro capítulo en la Unicameral y esta vez terminó con la sesión caída. El oficialismo llevó nuevamente al recinto el caso Omar Ludueña, apuntó contra la legisladora Alejandra Ferrero (UCR) e insistió en su apartamiento hasta que se esclarezcan las circunstancias vinculadas con el empleado legislativo detenido e imputado en una causa por delitos contra la integridad sexual. Como la deloredista no pedirá licencia, el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba se retiró del recinto y dejó sin quórum a la sesión. 

La definición política en el recinto la fijó Julieta Rinaldi: mientras Ferrero no solicite licencia o sea apartada de su banca, el peronismo no dará quórum para sesionar. Con esa decisión, el PJ trasladó al funcionamiento de la Legislatura el conflicto abierto con la UCR por el caso Ludueña. De este modo, el oficialismo devolvió el golpe por Ramón "Cañito" Flores y sus exasesores con graves antecedentes judiciales.

La ofensiva del cordobesismo llegó, además, inmediatamente después de que Perfil Córdoba adelantara que Rodrigo de Loredo había decidido que Ferrero sea la nueva presidenta del bloque radical en la Legislatura. La designación, que reafirma el perfil halcón de la legisladora dentro del esquema deloredista, terminó funcionando como un nuevo disparador del enfrentamiento con el oficialismo.

En ese escenario, una voz radical interpretó que la ofensiva del PJ puede terminar produciendo el efecto contrario al buscado: “Lo único que hacen es subirla en alza a Ferrero”, resumió. La propia legisladora deloredista, por su parte, reafirmó a la prensa que no se apartará y rechazó el planteo del oficialismo. "No vamos a aflojar", sentenció un halcón boina blanca. 

El PJ renovó así su reclamo por la situación del empleado de planta permanente que cumplía funciones en el ámbito del bloque radical y estaba asignado al despacho de Ferrero. La discusión volvió a quedar atravesada por la comparación con el caso de Cañito” Flores, cuya salida de la Legislatura había sido impulsada luego de que su asesor José Aníbal Ricardo Villarreal quedara detenido e imputado por abuso sexual infantil en el pago chico de Flores, Villa María de Río Seco.

De Loredo pone a Ferrero al frente del bloque UCR y refuerza el perfil halcón rumbo a 2027

Por su parte, Facundo Torres endureció el contrapunto y acusó a sectores de la oposición de haber aplicado una “doble vara” frente a ambos episodios. El jefe de la bancada oficialista sostuvo que el radicalismo había exigido responsabilidades políticas en el caso Flores y cuestionó que ahora rechazara trasladar ese mismo estándar al caso Ludueña.

El oficialismo también puso el foco sobre el vínculo político de Ludueña con el espacio de Rodrigo de Loredo. El objetivo político fue devolver el golpe recibido durante la crisis de Flores y correr el eje de la discusión hacia la responsabilidad de la oposición frente a un caso que involucra a un empleado legislativo vinculado con la bancada radical.

En su embestida contra la dirigente deloredista, Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) redobló la ofensiva institucional con el proyecto de Leonardo Limia para que Ferrero sea apartada hasta que se esclarezcan las circunstancias relacionadas con Ludueña. El planteo se convirtió en una de las herramientas centrales del PJ para sostener la presión sobre la legisladora radical.

"Donde debería haber respeto por la verdad y claridad, encontramos información incompleta y demasiadas zonas grises. Y lo más preocupante es que esa falta de claridad pueda terminar convertida en un premio político -en alusión a la llegada de Ferrero a la presidencia del bloque UCR-. La responsabilidad tampoco termina en Ferrero. Rodrigo de Loredo y la conducción de la Unión Cívica Radical conocen el caso y, hasta hoy, no impulsaron el apartamiento que la situación exige", expresó HUxC en su pronunciamiento. 

Fuerte contrapunto

La bancada UCR y el resto de los bloques del arco opositor rechazaron de plano la comparación. Ferrero sostuvo que apenas tomó conocimiento de la denuncia realizó una presentación ante la Justicia y solicitó a las autoridades legislativas el apartamiento de Ludueña. De este modo, marcó diferencias con el caso Flores y ratificó que no contempla renunciar a su banca.

En medio del fuego cruzado, Torres expresó a Perfil Córdoba que Ferrero y De Loredo "mintieron" a la opinión pública porque dejaron pasar "nueve días" de haberse enterado de la situación del militante radical. "Esto lo pueden hablar con la abogada de la víctima o de las víctimas, porque parece que Ludeña no tenía una sola víctima, eran tres o cuatro. Es un caso espeluznante lo de Ludueña. Ellos (por el circulo próximo a De Loredo) guardaron en un cajón la denuncia durante nueve días para tornarse en paladines de la justicia y la moral, y señalarlos con el dedo a nosotros", declaró el referente parlamentario peronista al persistir en su reclamo de apartamiento.

Tras el portazo del PJ y en un recinto sin taquígrafos y sin sistema de audio, los representantes de los distintos bloques opositores expresaron a viva voz su solidaridad con Ferrero y cuestionaron la jugada del oficialismo. El planteo central, según la oposición, fue que el caso Flores "no tiene punto de comparación" con la situación de la deloredista. En ese sentido, se reclamó que el conflicto político no debería utilizarse para impedir el funcionamiento parlamentario.

El planteo opositor apuntó precisamente al funcionamiento de la Cámara. Miguel Nicolás pidió que se aplique el reglamento y que se descuente de la dieta la ausencia de los legisladores oficialistas que abandonaron el recinto. Pero, además, el radical advirtió que la conducta de los peronistas es causal de una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

"Lo que están haciendo con esto es un intento de poner a todo el mundo en el mismo barro para tratar de equipararnos a un legislador como Flores que se fue, obviamente, como se tenía que ir, ante una situación crítica por haber contratado a cuatro personas a sabiendas que tenían causas y algunos de ellos condenas penales y aún así el legislador los trajo a esta Legislatura", retrucó Brenda Austin.

Otros legisladores, en tanto, calificaron la maniobra como "un bloqueo" al debate parlamentario y advirtieron que el PJ quiere "clausurar" el Poder Legislativo. "Llaryora quiere reinar como un dictador. Entonces, esta es una fase más en un golpe a la voluntad democrática del pueblo", fustigó el mileista Gregorio Hernández Maqueda. Desde la izquierda, Noelia Agüero resaltó: "Hoy por la vía de los hechos el peronismo está clausurando esta Legislatura y cualquier posibilidad de debate". Y rechazó esta "caza de brujas" contra Ferrero. 

Tras marcar las diferencias entre los casos de Flores y Ferrero, la juecista Nancy Almada apuntó contra la vicegobernadora Myrian Prunotto. "Ella es la responsable del personal. Ella debió haber controlado a los empleados de planta que tienen antecedentes", dijo, y remató: "De ninguna manera van a limpiar las culpas, y nos van a meter a todos como chanchos del mismo chiquero".

Quinteros mete a la Policía en el tránsito y la oposición habla de “intervención” en clave 2027

¿Legislatura paralizada?

La discusión sobre responsabilidades individuales de legisladores por sus asesores con antecedentes terminó convertido en una disputa de poder entre bloques. El PJ renovó su demanda por el caso Ludueña -militante del deloredismo- para devolver el golpe por Flores, mientras toda la oposición rechazó la comparación y cerró filas detrás de Ferrero; y, en paralelo, De Loredo la empoderó como nueva jefa de la bancada radical.

Con lo cual, el conflicto adquirió una dimensión política mayor. El peronismo buscó condicionar la continuidad parlamentaria de Ferrero; De Loredo respondió dándole centralidad dentro del bloque; y la propia legisladora ratificó que no dará un paso al costado. En medio de ese fuego cruzado, la sesión terminó cayéndose por falta de quórum.

Así, la guerra de los carpetazos volvió a atravesar a la Unicameral. Ya no sólo como una sucesión de denuncias, pedidos de explicaciones y cruces entre oficialismo y oposición, sino como una pelea que empieza a comprometer directamente el funcionamiento del cuerpo. La oposición acusa al gobernador Martín Llaryora de "clausurar" la Unicameral. El caso Ludueña quedó instalado como el nuevo campo de batalla político y la deloredista Ferrero, como una de las piezas centrales de la disputa entre el PJ y el radicalismo.