Detención por supuestas amenazas al gobierno de Milei en Río Tercero: la abogada apunta a un error de identidad

Un vecino de barrio Monte Grande, en Río Tercero, continúa bajo investigación en una causa federal por presuntas amenazas a representantes del Gobierno nacional, luego de un allanamiento en su vivienda y una posterior detención en la vía pública. El hombre, de 42 años, había relatado el episodio con desconcierto en diálogo con otros medios locales.

Ahora, su abogada defensora, Lía Villafañe, aportó a PERFIL CÓRDOBA nuevos detalles sobre el estado de la causa y cuestionó distintos aspectos del procedimiento.

El relato del detenido

Según había contado el propio hombre, todo comenzó el viernes previo al operativo, cuando una persona que se identificó como cadete de Correo Argentino golpeó la puerta de su casa con un paquete a su nombre. El envío no llegó a entregarse porque, según le dijeron, el número de documento no coincidía con el del destinatario.

Días después, mientras caminaba para buscar a su esposa en su lugar de trabajo, fue interceptado por efectivos de la Policía Federal, quienes le informaron que existía una orden de allanamiento para su domicilio por "amenazas al Gobierno, amenazas institucionales". "Me intercepta la policía, me dicen que tenían una orden de allanamiento y que me tenían que detener por amenazas al Gobierno. No entendía nada", había expresado en FM Sol.

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Durante el procedimiento le secuestraron el teléfono celular y lo trasladaron a Villa María, donde permaneció detenido varias horas antes de recuperar la libertad. "Cuando me dejan libre allá en Villa María, me pidieron disculpas por el mal momento", relató.

"Seguimos perplejos": la mirada de la defensa

Consultada por PERFIL CÓRDOBA sobre la situación actual de su cliente, la abogada Lía Villafañe describió un panorama de incertidumbre. "Seguimos perplejos, atentos al momento en que lo llamen a indagatoria para que se pueda abrir el sumario y saber a qué atenernos y cómo vamos a proceder con la defensa", explicó.

La letrada remarcó que se trató de un procedimiento inusual incluso para las propias fuerzas de seguridad: según relató, personal de la división de Delitos Institucionales de Buenos Aires viajó especialmente a Río Tercero, y la propia Policía Federal de Villa María le habría reconocido que era la primera vez que llevaba adelante un operativo de esas características.

Villafañe cuestionó, además, la falta de precisión sobre el motivo de la acusación. "Al haber secreto de sumario, lo único que nos dijeron es que se trataba de una amenaza a Milei. Primero dijeron eso y después dijeron que no, que en realidad era a una senadora", indicó.

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Según la abogada, su cliente negó cualquier vínculo con esa acusación: "Mi cliente dice: yo lo voté a Milei, así que una amenaza a Milei no puede ser. Y segundo, sé poco de política, no tengo ni idea de quiénes son las senadoras o las diputadas".

Sobre el uso que el hombre hace de las redes sociales, la abogada aportó una descripción similar a la que había dado el propio detenido en otras entrevistas: "Si vos ves sus redes, que tiene nada más que Instagram, vas a encontrar fotos con la beba, el cumpleaños de los chicos, alguna con el equipo de fútbol. Mayormente son publicaciones de fútbol. De política no sabe nada, mucho menos de una senadora".

La preocupación por los antecedentes y el teléfono secuestrado

Villafañe explicó que, más allá del desenlace de la causa, su cliente ya sufrió una consecuencia concreta: quedó fichado. "Él es una persona de 42 años, tiene cuatro hijos y en este momento un trabajo provisorio, precario, en negro. Pero si quisiera salir a buscar otro trabajo y le piden un certificado de antecedentes, le van a saltar los antecedentes porque lo ficharon, le tomaron las huellas. Esa es la mayor preocupación", señaló.

La abogada solicitó estar presente, a través de un perito de parte, en el momento en que se realice la pericia informática al teléfono celular incautado durante el allanamiento.

La hipótesis de una confusión de identidad

Uno de los puntos centrales que planteó la defensa es la posibilidad de un error respecto de la persona investigada. "Nosotros pensamos que puede tratarse de una confusión", relató Villafañe.

La abogada reconstruyó además la secuencia previa a la detención, que a su entender revela tareas de seguimiento realizadas días antes del operativo. Según su relato, personal de Delitos Institucionales permaneció varios días en la ciudad confirmando el domicilio del hombre, y la visita de una persona que se presentó como empleado de Correo Argentino habría formado parte de esa estrategia para verificar su identidad.

"Cuando le pidieron el documento y no coincidía el número, le dijeron 'fírmeme igual' y él firmó porque no imaginó nada. Después la Policía Federal reconoció que ya hacía tres días que lo estaban siguiendo", afirmó. Consultada sobre si el área de cyberdelito participó de la investigación, sostuvo que le informaron que no, que intervinieron únicamente Delitos Institucionales y la Policía Federal.

Sin notificación judicial formal

Villafañe cuestionó la falta de una comunicación oficial sobre la causa. "No hay ninguna notificación de un fiscal federal ni de un juzgado en particular que haga referencia a este procedimiento. Lo único que tenemos es el número de expediente que figura en la orden de allanamiento, que corresponde a un exhorto", explicó. La abogada adelantó que se presentaría en los tribunales federales de Villa María para relevar el estado del expediente.

La letrada señaló además irregularidades formales en la orden de allanamiento. "No están claras las firmas ni la firma digital que trae la orden. Quedó todo superpuesto sobre otros escritos", indicó, y remarcó que la defensa no dejará que la causa quede archivada sin una explicación formal: "Si en algún momento ellos llegan a detectar que hubo una equivocación, no vamos a permitir que esto quede así, porque los antecedentes van a continuar".

El impacto en la familia

La abogada relató también las consecuencias del operativo en el entorno familiar del detenido, que tiene hijos en edad escolar. "Ayer la nena de 8 años llegó llorando de la escuela porque los compañeritos le decían que su papá iba a quedar preso. Volvió con un ataque de nervios, pidiendo por su papá", contó. "Es una familia que está viviendo esto como una película de terror, porque no saben de dónde viene", agregó.

Según precisó Villafañe, el operativo se realizó el lunes y, hasta el momento de la entrevista, ningún funcionario judicial se había comunicado con la defensa.

Finalmente, Villafañe explicó los requisitos legales que exige la figura penal de amenazas: la certeza de que el hecho anunciado pueda concretarse y que el temor generado en la víctima sea real. "Como el hecho se manejó sin que nos dieran explicaciones, estamos como en una habitación oscura. Lo único que tenemos certeza es de lo que sucedió en el procedimiento, en el allanamiento y en la detención. De ahí en más, nadie nos dio ninguna precisión, más que decirnos que fue por amenazas, aunque incluso ahí hubo un error, porque primero dijeron que era a Milei y después a una senadora", cerró.