El oficialismo y sus aliados se encaminan este miércoles a sancionar en la Legislatura cordobesa los proyectos que ratifican los acuerdos alcanzados entre el gobierno de Martín Llaryora y la administración de Javier Milei por fondos nacionales. El debate tendrá como uno de sus principales focos la posición del juecismo, que decidió acompañar los convenios financieros con Nación, aunque mantendrá una dura ofensiva política contra la gestión provincial.
El tema fue abordado en el plenario de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, donde se despacharon los proyectos de ley con fuerte peso específico para el PJ en el poder que llegaran esta tarde al recinto.
Uno de ellos es el expediente que faculta al Ejecutivo cordobés a suscribir con el Estado nacional el acuerdo que establece las condiciones de desembolso, cancelación y demás estipulaciones vinculadas con el anticipo financiero autorizado por el Decreto Nacional 584/2026.
La Nación giró el lunes a Córdoba la totalidad del anticipo de $400 mil millones, en el marco de la nueva etapa de entendimiento entre la administración de Llaryora y el gobierno libertario. El desembolso fue confirmado por el ministro coordinador, Manuel Calvo, quien mantiene un canal de diálogo aceitado con el gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete Diego Santilli.
Según el decreto nacional, el anticipo debe ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso. Los recursos tienen como garantía la coparticipación federal y un mecanismo de cobro automático por parte de la Secretaría de Hacienda de la Nación. La tasa prevista para estos anticipos es del 15% anual.
Desde la Provincia señalaron que los recursos serán coparticipados con municipios y comunas a través del Fondo Federal para obras, lo que es seguido de cerca por la UCR. Además, Calvo explicó públicamente que Córdoba negocia con la administración nacional la posibilidad de devolver una parte del anticipo durante este año y otra durante 2027.
Apoyo, pero con críticas
En este punto aparece la posición halcón del Frente Cívico. El bloque juecista acompañará los acuerdos con Nación, según confirmó a Perfil Córdoba su jefe de bancada, Walter Nostrala. La decisión parte de un argumento concreto: Córdoba atraviesa, según su lectura, una situación económica y financiera que justifica la asistencia nacional.
“Los acuerdos de fondos nacionales vamos a acompañar. Está claro que la provincia tiene graves problemas económicos y financieros, es la razón por la cual pide asistencia a la Nación”, afirmó Nostrala.
Pese al acompañamiento parlamentario de su bloque, el halcón juecista volverá a cuestionar en el recinto el estado de las cuentas públicas y el discurso oficial sobre el superávit.
El anticipo financiero de $400 mil millones había provocado, desde que se conoció el acuerdo, una ofensiva opositora contra la administración de Llaryora. UCR, Frente Cívico y sectores liberales coincidieron en señalar que la asistencia nacional expone un deterioro de las cuentas provinciales y contradice el discurso de autonomía que históricamente sostuvo el cordobesismo.
En esa línea, Nostrala había advertido que el auxilio financiero “deja en claro que las cuentas provinciales no atraviesan el buen momento que pregona el peronismo”. “Es mentira lo del superávit. Forma parte del relato al que nos tiene acostumbrado el peronismo”, había cuestionado el opositor, quien también puso el foco en el tamaño de la estructura estatal. Esa será la línea que el Frente Cívico sostendrá este miércoles durante el debate.
El radicalismo también había disparado su ofensiva contra Llaryora cuando se conoció el acuerdo con Nación. El legislador Miguel Nicolás sostuvo que la gestión del PJ terminó dependiendo de la administración nacional “por su mala administración” y reclamó que el anticipo financiero sea destinado prioritariamente a reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones.
En la misma dirección, el jefe del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, afirmó que el anticipo financiero “termina con la mentira del superávit fiscal con la que nos hicieron creer que vivíamos en Suiza”. El dirigente radical fue todavía más lejos al sostener que “la Provincia está quebrada” y que la administración provincial intenta ocultar la verdadera situación de las cuentas públicas.
De este modo, aunque los acuerdos financieros tienen acompañamiento opositor, el debate promete ser políticamente caliente. El oficialismo buscará exhibir el respaldo legislativo a una herramienta que garantiza recursos para la Provincia, mientras que sus críticos utilizarán el mismo desembolso como argumento para cuestionar el manejo de las finanzas provinciales.
Los otros $15 mil millones
El segundo despacho que figura en la agenda es el expediente que faculta al Ejecutivo a suscribir con Nación el acuerdo para imputar los $15 mil millones transferidos a Córdoba en junio, en concepto de pago a cuenta de la deuda correspondiente a los ajustes por la Compensación del Consenso Fiscal 2017.
Según detalló Calvo, esos $15 mil millones forman parte de una deuda total de $35 mil millones correspondiente al Consenso Fiscal. El resto será abonado en cuotas de $5.000 millones mensuales. A eso se sumó un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de $5.000 millones, según detalló a La Voz en vivo.
Como suele ocurrir con este tipo de convenios, los proyectos legislativos llegan después de que los acuerdos entre los Ejecutivos ya fueron instrumentados. En la práctica, la discusión parlamentaria se convierte en una ratificación de decisiones que ya fueron consumadas entre la Provincia y la Nación.
La otra batalla: la nueva orgánica de Llaryora
La sesión también tendrá otro punto sensible para el gobierno provincial: la modificación de su estructura orgánica. El expediente 47283/L/26 propone ratificar los decretos 60, del 23 de julio, y 72, del 4 de agosto, que modificaron la estructura del Poder Ejecutivo establecida por el Decreto 2206/2023 y ratificada por la Ley 10.956.
La reforma incorpora los cambios derivados de la última reestructuración del gabinete definida por Llaryora. Calvo asumió el comando a través de la Jefatura de Gabinete, desde donde tiene bajo su órbita a las secretarías Generales de Gobierno, de Hábitat y Desarrollo Emprendedor y de la Gobernación.
En tanto, Gustavo Brandán dejó el ministro de Cooperativas y Mutuales para desembarcar en la Secretaría General. Por su parte, Laura Jure (Hábitat y Desarrollo Emprendedor) y David Consalvi (Secretaría General de la Gobernación) fueron ratificados en sus cargos. A su vez, el Ministerio de Cooperativas y Mutuales quedó a cargo de Gabriel Frizza.
En paralelo, Guillermo Acosta incorporó bajo su órbita de control presupuestario y administrativo a EPEC y Caminos de las Sierras, áreas que históricamente respondían directamente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conducido por Fabián López.
En la antesala de la sesión, Nostrala anticipó el rechazo del Frente Cívico a la nueva orgánica, al considerar que la estructura estatal es parte del problema financiero que atraviesa Córdoba. “Con respecto a la orgánica, por supuesto que la vamos a rechazar. Los problemas financieros de Córdoba tienen mucho que ver con lo que refleja la orgánica”, sostuvo.
El dirigente cuestionó que Llaryora mantenga 13 ministerios, 20 secretarías —cinco de ellas con rango ministerial—, 10 agencias y 14 entes, empresas y fundaciones. “Esta fiesta, por supuesto, requiere asistencia de la Nación. Llaryora no hizo ningún ajuste a la política”, fustigó el ultrajuecista.
Así, la sesión tendrá una particular paradoja política: el juecismo -al igual que la UCR- acompañará los acuerdos por los recursos que llegan desde la Nación, pero utilizará ese mismo "auxilio financiero" para profundizar sus cuestionamientos a la administración Llaryora; y, al mismo tiempo, marcará una frontera clara frente a la nueva estructura del Ejecutivo provincial.
