Diego Dirisio, acusado de contrabando de armas al crimen organizado en Brasil permanece detenido en Bouwer

El empresario argentino Diego Dirisio, dueño de la firma Air Supply, continúa detenido en la cárcel de Bouwer, en Córdoba, mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación evalúa si debe ser extraditado a Brasil, donde es investigado por presunto contrabando de armas al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho, las principales organizaciones criminales de ese país.
Fue arrestado en febrero de 2024 en el barrio Cerro de las Rosas, tras una alerta roja de Interpol. Desde entonces, niega haber provisto armamento a grupos del crimen organizado brasileño.

El expediente está actualmente a dictamen de la Procuración General de la Nación, que deberá emitir su posición antes de que el caso pase a decisión de los ministros del máximo tribunal argentino.

Una historia con ribetes de serie policial internacional

La trama detrás de Dirisio y su esposa Julieta Nardi Aranda —quien cumple prisión domiciliaria— mezcla empresas de importación de armas, vínculos políticos, inteligencia militar, muertes en la Triple Frontera y supuestos negocios con el crimen organizado.

El abogado de ambos en Paraguay, Napoleón Acosta, brindó meses atrás información a Perfil CÓRDOBA  sobre la trama que se esconde detrás de la investigación. Aseguró que las acusaciones son falsas. “Durante tres años la Fiscalía General paraguaya investigó a IAS y no halló ninguna irregularidad”, afirmó, en referencia a la firma Internacional Air Supply (IAS), propiedad de Dirisio.

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Qué investigan las justicias de Brasil y Paraguay

Sin embargo, en Brasil la situación es diferente. La Justicia del Estado de Bahía  sospecha que la empresa IAS habría participado en la venta ilegal de más de 43.000 armas, valuadas en US$ 244 millones, a organizaciones criminales brasileñas.
El caso se enmarca en la llamada “Operación Dakovo”, dirigida por el juez federal Fabio Moreira Ramiro, que también involucra a militares paraguayos y empresarios del rubro bélico. Hay más de una decena de detenidos en la causa.

Acosta sostiene otra versión y dice que esas cifras son “una gran mentira”: “En 11 años, IAS importó 17.000 armas, el 92% de las cuales fueron vendidas a cooperativas policiales y militares en Paraguay”, afirmó el abogado.

El Ministerio Público de Paraguay archivó la causa en noviembre de 2023, tras determinar que no había pruebas de irregularidades.

Un general clave y un acuerdo bajo sospecha

Entre los nombres más relevantes de esta trama figura el general Aldo Daniel Ozuna, exdirector de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), el organismo que autoriza cada compra y venta de armas y municiones en Paraguay.

Designado en 2021 por el entonces presidente Mario Abdo Benítez y desplazado en 2023 por Santiago Peña, Ozuna habría firmado un acuerdo con la Compañía Brasilera de Cartuchos (CBC) que generó tensiones con empresarios paraguayos del sector. Dirisio fue la voz cantante del reclamo de esa corporación. 
Fuentes cercanas a él aseguran que Ozuna habría sido quien aportó información a la inteligencia brasileña, que derivó en su persecución.

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Armas y municiones en el centro del escándalo

Las investigaciones apuntan a que, en distintos operativos policiales en Brasil, se encontraron armas registradas a nombre de IAS.
Las hipótesis judiciales plantean dos posibles maniobras: la creación de empresas fantasma para justificar ventas y la duplicación de certificados para cubrir faltantes.

Desde el entorno de Dirisio,apuntan a intereses cruzados entre empresas armamentistas y sectores militares paraguayos. “En los enfrentamientos entre grupos criminales, las municiones halladas eran de la CBC”, señalaron.