Echaron al director del Servicio Penitenciario tras la serie de escándalos en las cárceles de Córdoba
Darío Tello Pajón será reemplazado por Diego Marín Ayala. El ingreso de celulares y una investigación por asociación ilícita puso a este funcionario en la mira.
Ingreso de celulares, estafas telefónicas, televisores en las celdas son algunas de las irregularidades que desataron una serie de escándalos en las cárceles de Córdoba. Este viernes se decidió apartar al director de Seguridad del Servicio Penitenciario de Córdoba, Darío Tello Pajón. Fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien decidió pasar a retiro obligatorio al funcionario.
En lugar de Tello Pajón va a asumir Diego Marín Ayala, según se comunicó oficialmente en la cuenta de X (antes twitter) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Durante la tarde, Cecilia Lanzarotti subsecretaria de Gestión Penitenciaria, justificó que la medida fue tomada dentro de la fuerza porque se trató “de un grupo inescrupuloso, que tiene una conducta indecorosa”.
Aún se desconoce el delito por el cual se inició una investigación interna promovida por la misma cúpula del Servicio Penitenciario. La funcionaria aclaró que aún no están imputados. Agregó, en conferencia de prensa, que el mismo Jefe del Servicio Penitenciario pidió iniciar estas averiguaciones y ponerse “a la cabeza” para ahondar sobre estas “situaciones complejas con internos de alto perfil”, expreso Lanzarotti.
Sin darse a conocer los motivos de las causas que se indagan de “manera interna”, se puede asociar que los pedidos de renuncias o apartamientos están ligados a ingreso de teléfonos celulares y estafas desde las cárceles por parte de los detenidos.
“El tema de los celulares y la tecnología es un flagelo que ocurre en Córdoba y en todo el país. Hay mucho personal infiel, es un trabajo denodado. Nosotros investigaremos todo lo que haya que investigar, lo haremos. No se oculta ni se protegerá a nadie”, aseguró la subsecretaria.
El “call tumbero” y los expedientes “light”
Lanzarotti fue tajante en dos definiciones. La primera, que “todo lo que sale a la luz porque la misma fuerza motivó la investigación”; la segunda, es que “hay personal infiel que colabora para que ingresen elementos a las cárceles”. Esas cuestiones iniciaron este descabezamiento en algunos establecimientos del interior provincial.
El conocido "call tumbero" fueron estafas cometidas por al menos seis presos desde el interior del penal de Villa María, con la colaboración de otras 11 personas que actúan como "mano de obra" fuera de la cárcel.
Por ese caso fueron detenidos tres funcionarios del Servicio Penitenciario. El fiscal a cargo de la investigación, Enrique Gavier, detalló que la causa se inicia por denuncias de personas particulares damnificadas por "estafas mediante llamadas telefónicas" desde el penal de Villa María, donde funcionaba un denominado "call tumbero" para la realización de las maniobras delictivas.
En las últimas semanas, se filtró un video en el que se ve a los presos bailando con celulares, y una PC conectada a Internet de fondo. También se ve una pantalla con videos de internet.
A principios de septiembre se conoció la detención del subdirector de la cárcel de Bouwer, un abogado penalista y un particular vinculado con la política provincial por "asociación ilícita". Se los acusa de falsificar informes para modificar la situación procesal de los detenidos.
En ese caso, la investigación descubrió como se “falseaban informes” con buena conducta de internos y también como distintos guardiacárceles ingresaban celulares para que puedan usar los presos para realizar estafas.
Lanzarotti explicó que la provincia está a la espera de mejor tecnología para inhibir las comunicaciones, pero que es difícil ingresarlo por las limitaciones a los dólares, entre otros aspectos. “Compramos tecnología, pero no es suficiente. Hace un año que estamos en tratativas para conseguir la tecnología que se debe importar y no se consigue. Es una preocupación de todo el sistema carcelario del país”, expresó.
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