El Consejo de Médicos de Córdoba advierte sobre el colapso del sistema de salud

En un comunicado lanzado por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el organismo advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de salud y que termina siendo “en prejuicio de los pacientes”. 

“Esta situación es consecuencia de una serie de errores que cometen distintos actores del sistema y que luego termina afectando a los prestadores –instituciones o trabajadores de la salud– que son los que toman contacto directo con los pacientes y sus padecimientos”, lee el comunicado. 

Según el Consejo, hay dos situaciones particulares que afectan al sistema de salud, que desde hace ya varios años vienen alertando los profesionales. En primer lugar, es la demora de tres meses (en promedio) que tienen las prepagas y obras sociales para pagar prácticas médicas y/o estudios.  Para los profesionales dichas demoras ya no son justificables siguiendo con los avances tecnológicos que hoy en día existen. 

“Ese lapso se utilizaba para completar las gestiones administrativas, muchas veces engorrosas en la época de tramitación analógica. Pero hoy, con la digitalización, todos los procedimientos se han acelerado, por lo que esa brecha temporal es injustificable y, en tiempos de inflación, altamente gravosa para entidades y médicos”, explican. 

En otras palabras, las financiadoras deben acortar los plazos de pago si quieren evitar un quiebre en las instituciones de salud. 

Desacuerdos en relación al pago de un procedimiento médico

En segundo lugar, “otra asimetría entre financiadores y prestadores de salud se verifica cuando hay una disidencia por el cobro de una práctica”. Actualmente, los financiadores primero realizan el débito del monto antes de analizar la situación. La situación deseable sería investigar “la pertinencia de la práctica primero” y, en caso de ser necesario, debitarla en el siguiente cobro. 

“De lo contrario, se descuenta al prestador ‘por las dudas’, antes de que esté definida la causa de la discrepancia y cuál de los actores tiene razón en la controversia”, argumentan en el escrito. 

Finalmente, para el organismo los problemas económicos causados por la inflación y las distintas fallas del sistema no deben recaer en los prestadores, sino las financiadoras. 

“No deben hacerse cargo ni los establecimientos, ni los trabajadores de la salud, ni los pacientes”, finalizan.