La Cámara de Acusación de Córdoba dictó este miércoles, 29 de abril de 2026, una resolución clave que confirma la elevación a juicio de Pablo Daniel Rodriguez Laurta. El imputado deberá enfrentar un debate oral por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género (femicidio) en perjuicio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio. Al tratarse de un delito grave, lo juzgarán jurados populares.
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Un plan criminal documentado en un libro de actas
La resolución judicial detalla que el crimen no fue un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de hostigamiento sostenido. Entre las pruebas más contundentes que valoró el tribunal se encuentra un libro de actas secuestrado al imputado al momento de su detención en Gualeguaychú (Entre Ríos). Este cuaderno contenía diversas anotaciones que revelaron una planificación previa detallada del ataque contra las víctimas.
Además, la pericia balística fue determinante: se confirmó que el proyectil extraído del cráneo de la joven Luna Giardina y las vainas servidas halladas en la escena del crimen coinciden con la pistola secuestrada en poder de Rodriguez Laurta cuando fue capturado en un hotel entrerriano,. El análisis de las antenas de telefonía también lo ubicaron en el radio de Barrio Villa Serrana -ciudad de Córdoba- donde vivían las víctimas, en el horario exacto de los disparos.
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La justicia rechazó la hipótesis del "rescate"
Durante la instrucción, el acusado intentó justificar sus acciones bajo una supuesta maniobra de "rescate" de su hijo, alegando que buscaba protegerlo de hechos de corrupción y prostitución infantil en los que, según él, participaba su expareja.
Sin embargo, el tribunal —con el voto del vocal Carlos Alberto Salazar— desestimó esta versión, señalando que las múltiples denuncias presentadas por el imputado antes del crimen eran en realidad una forma de "instrumentalización de recursos judiciales" para hostigar a la víctima. El fallo subraya que los relatos de familiares, vecinos y psicólogos describen un contexto de violencia y discriminación ejercida por el imputado de manera sistemática.
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Garantías procesales y prueba digital
La defensa de Rodriguez Laurta, a cargo de la defensora pública Alfonsina Muñiz, intentó anular la elevación a juicio cuestionando la validez de las capturas de pantalla de WhatsApp y denunciando que al imputado se le retiraron notas personales antes de una declaración.
La Cámara rechazó estos planteos al considerar que la prueba digital es un elemento de información legítimo que no requiere exclusivamente una "copia bit a bit" para ser valorada junto al resto del cuadro probatorio. Los jueces Patricia Farías y Maximiliano Davies adhirieron al voto de Salazar, ratificando que el juicio es la instancia necesaria para garantizar una respuesta institucional contra la violencia hacia la mujer, cumpliendo con compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará.
El paso siguiente en el proceso es el sorteo de la Cámara del Crimen donde se realizará el juicio. En caso de ser condenado, le espera la pena de prisión perpetua.
Mientras tanto en Gualeguaychú continúa la investigación en contra de Laurta por el brutal asesinato del remisero Martín Palacio a quien había contratado para trasladarlo a la ciudad de Córdoba.
