La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba muestra otra vez discordancias internas. En este caso es por la designación del Director de la Oficina Judicial de Gestión, un cargo estratégico para la implementación del nuevo sistema acusatorio.
La disputa, que enfrenta a la vocal Liliana Navarro con sus pares Graciela Montesi, Abel Sánchez Torres y Eduardo Ávalos, ha escalado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) mediante un pedido de avocamiento presentado el lunes pasado.
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El origen del conflicto: un acuerdo bajo licencia
La controversia se precipitó el 1 de abril de 2026. El día anterior, la jueza Navarro, quien se encontraba bajo licencia por enfermedad, solicitó formalmente postergar el tratamiento de la designación hasta su reincorporación, prevista para diez días después. Sin embargo, el tribunal —integrado en ese momento por Montesi, Sánchez Torres y Ávalos— dictó el Acuerdo N° 74/2026 rechazando la postergación.
Acto seguido, mediante el Acuerdo N° 75/2026, los tres jueces designaron por unanimidad al abogado Ezequiel López Messio como director de la Oficina Judicial, con rango equivalente a Secretario Letrado de la Corte Suprema.
Los argumentos de la impugnación y la respuesta
Tras reincorporarse, Navarro presentó el 20 de abril un planteo de nulidad absoluta contra el nombramiento. Sus críticas se centran en tres ejes principales: la inexistencia del cargo en Córdoba, la falta de un proceso competitivo donde se puedan evaluar a otros candidatos y una extralimitación de facultades.
El 23 de abril, mediante el Acuerdo N° 93/2026, la Cámara rechazó el planteo de Navarro. Los jueces Montesi, Sánchez Torres y Ávalos defendieron la legalidad de su decisión basándose. Consideraron que hay una “urgencia institucional” porque el Ministerio de Justicia de la Nación fijó la entrada en vigencia del sistema acusatorio en Córdoba para el 15 de junio venidero, lo que obliga a adoptar medidas organizativas con antelación.
También señalaron que el nombramiento efectuado tendrá efecto cuando la Corte Suprema cree el cargo para la jurisdicción y citaron casos similares en otras provincias, donde se designaron directores meses antes de la habilitación efectiva de las oficinas.
Escalada a la Corte Suprema
Ante el rechazo de la Cámara, la jueza Navarro elevó el caso al presidente de la CSJN, Horacio Rosatti. En su presentación, solicita que el Máximo Tribunal se avoque al tratamiento de la nulidad por tratarse de una cuestión de "gravedad inusitada" y una "manifiesta extralimitación y arbitrariedad" que compromete el funcionamiento del sistema judicial en Córdoba. La resolución final de este conflicto interno queda ahora en manos de la máxima instancia judicial del país.
