El Gobierno de Córdoba impulsa la “Ley Joaquín” para proteger a víctimas de delitos

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, envió a la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que propone crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos. La iniciativa, denominada “Ley Joaquín”, busca establecer estándares mínimos de trato, información, participación, asistencia, protección y reparación para quienes atraviesan un proceso penal.

El proyecto plantea ordenar y reforzar la tutela de las víctimas dentro del sistema judicial. Según el texto, aunque el sistema penal prevé instancias de intervención para las víctimas, en la práctica persisten asimetrías de información, demoras, barreras de acceso y riesgos de revictimización. Por ese motivo, la propuesta fija un piso de protección común para todas las víctimas en la provincia sin alterar el debido proceso ni el equilibrio entre las partes.

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Entre los derechos que se buscan garantizar desde el primer contacto con el sistema de justicia se incluyen el trato digno, la privacidad y la prevención de la revictimización. También se contempla el acceso a información clara sobre el proceso penal, patrocinio jurídico —incluido gratuito y especializado cuando sea necesario—, y la posibilidad de participar en instancias clave del proceso.

El régimen también prevé asistencia médica, psicológica, social y jurídica gratuita y continua, medidas de protección urgentes ante situaciones de riesgo o intimidación y mecanismos de reparación integral del daño, ya sea por vía penal o civil. Además, incorpora el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras para evitar que la intervención estatal agrave el daño sufrido.

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La iniciativa propone la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura. Este organismo estará integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas, y tendrá como función elaborar diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de asistencia.

Además, el Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos presupuestarios necesarios para su implementación mediante reasignaciones o previsiones específicas.