El caso de los presuntos abusos sexuales contra dos niñas en un jardín de infantes parroquial de Villa Carlos Paz escaló a la cúpula del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. El abogado Pablo Pigini, que representa a las dos madres denunciantes en carácter de querellante particular, presentó una nota formal ante el Fiscal General Juan Manuel Delgado en la que solicita el traslado de ambas causas a una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual con sede en la capital provincial.
El argumento central es devastador: entre mayo de 2025 -cuando se formularon las denuncias- y octubre del mismo año -cuando la querella se constituyó formalmente- las fiscalías intervinientes de Villa Carlos Paz no impulsaron ninguna medida investigativa de relevancia.
Las denuncias se remontan al 19 de mayo de 2025. Esa tarde, una de las madres retiró a su hija de cuatro años del establecimiento del barrio La Quinta y, al llegar a su casa, descubrió abundante sangrado vaginal en la ropa interior de la niña. La llevó de inmediato al Hospital Municipal Dr. Gumersindo Sayago, donde los médicos constataron signos compatibles con un posible abuso sexual y activaron el protocolo correspondiente.
"Sentimos el abandono de la institución y la justicia"
La segunda denuncia, que involucra a otra niña de la misma institución, fue presentada semanas después y quedó radicada en una fiscalía diferente. Desde entonces, las dos causas tramitan en forma separada -la primera en la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez; la segunda en la del Segundo Turno, con el fiscal Ricardo Mazzuchi- sin que hasta el momento hayan sido unificadas.
Pigini reconstruyó la cronología de la inacción. "Desde el momento de la denuncia hasta el momento en que me constituí como querellante no se realizaron ningunas diligencias probatorias. Eso sí me llamó bastante la atención", afirmó el letrado en declaraciones al programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7.
La primera pericia de ADN, destinada a constatar el origen del sangrado hallado en la ropa de una de las niñas, recién se concretó hacia fines de 2025. Las pericias interdisciplinarias mediante Cámara Gesell aún no se completaron para ambas víctimas. Y, dato que ejemplifica con elocuencia el estado del expediente, una de las madres todavía no había sido citada a declarar.
"Todavía no hemos tenido respuesta de la fiscalía", sostuvo el abogado. La demora tiene una explicación que las familias consideran insuficiente: el fiscal Mazzuchi se encontraba de licencia médica, y al presentarse Pigini en la sede para consultar por el estado de la causa, fue atendido únicamente por la secretaria. "Al momento que yo tomé participación, se encontraba de licencia".
La presentación ante el Fiscal General Delgado articula cinco argumentos para justificar el pedido de traslado. El primero apunta a la estructura del propio sistema judicial: mientras Córdoba Capital cuenta con fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual, dotadas de protocolos específicos y equipos interdisciplinarios con formación en victimología y entrevista forense, las fiscalías de fuero múltiple de Villa Carlos Paz carecen de esa especialización.
El segundo argumento señala la insuficiencia del abordaje pericial en la jurisdicción actual para garantizar declaraciones válidas de niñas de corta edad sin revictimizarlas. El tercero invoca el derecho de acceso a la justicia de las querellantes, que manifestaron expresamente su falta de confianza en el manejo de la investigación local.
El cuarto plantea una cuestión de imparcialidad objetiva: el establecimiento educativo involucrado es, según consigna el escrito, una institución de notorio prestigio e inserción social en la comunidad carlospacense, lo que podría afectar -al menos en apariencia- la independencia del proceso si este continúa tramitando en una jurisdicción pequeña con fuertes vínculos comunitarios. El quinto argumento enumera las medidas probatorias solicitadas por la querella que aún no fueron proveídas o que acumulan demoras injustificadas.
"En estos casos, en ocho meses se pierde mucha prueba", señaló Pigini, poniendo en cifras el costo concreto de la inacción inicial. La evidencia médica, psicológica, testimonial y pericial que debió producirse en las semanas inmediatas a las denuncias quedó expuesta a un riesgo de deterioro o pérdida que el documento enviado al Fiscal General califica de "irreparable".
El escrito también deja constancia de otro frente de abandono: el institucional. El jardín parroquial Margarita A. de Paz, dependiente de la Arquidiócesis, no tomó contacto con las familias denunciantes para expresar ningún tipo de acompañamiento.
La única comunicación pública del establecimiento fue un comunicado en el que negó que los hechos denunciados hubieran ocurrido dentro de sus instalaciones. Cuando el abogado intentó dialogar con el asesor legal de la institución durante las manifestaciones que las familias realizaron frente al edificio, no fue recibido.
La falta de unificación de las dos causas suma otra capa de complejidad al cuadro. Las fiscalías intervinientes sostienen que aún no existe elemento suficiente para acreditar un nexo causal entre ambos expedientes y que ese vínculo deberá establecerse a medida que avance la investigación. Para Pigini, la lógica debería ser la inversa: "Dos denuncias en el mismo ámbito, nenas que asisten a la misma institución, en más o menos el mismo horario”, respondió cuando se le señaló la paradoja de que dos causas con esas características sigan tramitando por separado ante distintos fiscales.
Una de las madres prestó declaración en la Fiscalía del Tercer Turno a mediados de diciembre de 2025, pero la segunda denunciante todavía no fue convocada hasta esta fecha. La querella aguarda que se fijen fechas para las pericias de Cámara Gesell pendientes y reclama también acceso a las filmaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento correspondientes al 19 de mayo, cuya incorporación al expediente no pudo ser verificada por el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones.
Las madres, que preservan su identidad para proteger a las menores, ya habían expresado públicamente su desesperación. "Es muy angustiante, es muy desesperante sentir el abandono de todos, tanto de la institución como de la justicia", dijo una de las madres.
"El sistema está roto, no funciona, no ayuda a las infancias para nada y menos a las familias", sumó la otra. Esas palabras son hoy el motor explícito del pedido de intervención a la Fiscalía General: "Lo hice por pedido de las madres porque ellas no se sienten acompañadas por las fiscalías", explicó Pigini, y agregó: "Sienten desconfianza ante esta demora, por la misma situación desesperante que están viviendo".
