Hugo Maximiliano Ponce Gómez, secretario general de SMATA seccional Córdoba, enfrenta una nueva acusación judicial que complica su situación procesal. Una empleada del gremio denunció al dirigente por un presunto abuso sexual ocurrido en la sede sindical de la calle 27 de Abril 663. Este es el mismo edificio donde se registró, en mayo de 2024, el episodio que derivó en la primera imputación formal contra el líder sindical.
La causa tramita en la Fiscalía de Instrucción Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual, bajo la dirección de la fiscal Ingrid Vago. Según los representantes legales de la denunciante, el hecho ocurrió en un contexto de asimetría de poder dentro de la organización.
La abogada Natalia Isola precisó sobre la naturaleza del caso: "La denuncia está radicada desde finales del año pasado. Es un abuso sexual dentro de un ámbito laboral, de una persona con cargo jerárquico sobre otra persona que también tiene un cargo jerárquico en la misma institución".
Este expediente representa la tercera denuncia de esta índole contra Ponce Gómez. En noviembre de 2024, la fiscalía ya formalizó cargos contra él por abuso sexual simple tras la presentación de otra trabajadora del sindicato. Además, existe un antecedente previo vinculado a una mujer con quien el dirigente tiene un hijo y, según los abogados, un registro más antiguo que data del año 2008 en el Polo de la Mujer.
A pesar de la acumulación de causas, los letrados Luis Licera y Víctor Palma aclararon que su defendida formuló la presentación de manera independiente y sin conocimiento previo de los otros procesos judiciales.
El equipo jurídico que asiste a la víctima denunció, además, la existencia de un "esquema de presión" que busca quebrantar la voluntad de la mujer. Los abogados describieron actos de vandalismo contra el vehículo de la denunciante y la instalación de dispositivos de vigilancia en su entorno de trabajo.
El único freno al avance narco es atacar su estructura financiera: Córdoba, lejos de ese objetivo
"Han surgido distintos actos de hostigamiento hacia nuestra defendida en el ámbito laboral: tanto en forma personal como con bienes personales que le fueron dañados", explicó uno de los defensores. Asimismo, denunciaron el acceso ilegítimo a sus comunicaciones privadas y la colocación de cámaras y micrófonos: "Todo con un objetivo: volverla prácticamente loca, que desista y se retire de su fuente de trabajo".
Debido a las medidas de restricción impuestas por la Justicia desde la primera causa, Ponce Gómez tiene prohibido el ingreso al edificio central de SMATA y cualquier contacto con las denunciantes. No obstante, fuentes cercanas al gremio indicaron que el dirigente mantiene el control operativo de la seccional desde locaciones aledañas a la sede de la calle 27 de Abril
Mientras tanto, la víctima recibe asistencia de la Secretaría de la Mujer debido a las graves consecuencias que este proceso genera en su salud. Durante esta semana, la fiscalía completará una serie de pericias clave para el avance de la investigación.
