Fue a votar y terminó con tobillera electrónica por violencia de género: hay 16 pedidos vigentes en Córdoba

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, informó que hay 16 solicitudes de la Justicia de Córdoba para colocar tobilleras electrónicas a hombres denunciados por violencia familiar y de género. Son pedidos que deben ser ejecutados, pero el presunto agresor no se presenta para que se la pongan.

En las elecciones legislativas de la víspera, uno fue localizado y este lunes, durante allanamientos practicados en barrio Centroamérica, otros dos resultaron identificados. Todos fueron conducidos al Centro de Monitoreo y Alarma de la Policía de Córdoba que tiene sede en el Polo de la Mujer. Es el organismo encargado de colocar el dispositivo y controlar que se cumpla la orden de restricción de acercamiento.

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En qué casos lo pide la Justicia

Los nueve Juzgados de Violencia Familiar y de Género, que se encargan de intervenir de inmediato apenas una víctima denuncia a un presunto agresor, son los organismos que pueden disponer que no haya contacto entre las partes. Para ello, emiten órdenes de restricción de acercamiento como un modo de protección a la víctima, a quien le entrega un botón antipánico. 

Ese dispositivo sirve para que la damnificada dispare un alarma si el agresor se acerca.

¿Qué pasa si se incumple varias veces la medida o la víctima considera que no es suficiente el botón antipánico? Para este tipo de situaciones, la Provincia dispone de tobilleras electrónicas. Consiste en dispositivos duales que se colocan en el agresor y la víctima.

El monitoreo es 24/7; es decir, durante todo el tiempo. Emite un alerta cuando se aproximan a menos de un radio de 1.500 metros; es decir que solo es posible colocarlo cuando ambos viven a más de 15 cuadras de distancia.

Otro elemento que tienen en cuenta los Juzgados de Violencia es el incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas anteriormente. Si la víctima se ve amenazada, inmediatamente emana la orden de colocar la tobillera.

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El caso Laurta, un ejemplo

En el caso de Pablo Laurta, la jueza Victoria Jalil dispuso la colocación del dispositivo después de que el hombre -hoy acusado de doble femicidio y el crimen del remisero- estuvo tres días subido a un techo espiando a Luna Giardina y Mariel Zamudio, sus víctimas. No llegaron a ponérsela porque se fue a Uruguay, su país de residencia. 

Posiblemente, después de eso,Laurta ingresó a Argentina sorteando controles migratorios. Se deduce ello porque existieron cinco oficios judiciales de Jalil a la Dirección de Migraciones para que informe la entrada al país de Laurta. Nunca recibió una respuesta afirmativa al pedido.