Jury a Iván Rodríguez: La oposición amplió denuncia tras la elevación a juicio de Barrelier

La embestida política y judicial contra el fiscal de instrucción Iván Rodríguez sumó un nuevo capítulo en la Unicameral. En una demostración de volumen político, representantes de todas las bancadas del arco opositor —impulsados por el radicalismo— formalizaron ante el Jurado de Enjuiciamiento la ampliación de la denuncia contra el funcionario judicial, a quien acusan de presunto mal desempeño y negligencia grave en sus funciones.

La presentación no solo busca afianzar el pedido de destitución de Rodríguez, sino que se transforma en una abierta señal de presión política dirigida a un tribunal de enjuiciamiento que, tras más de cien días, no se ha pronunciado sobre el reclamo.

El detonante del nuevo escrito fue el cierre de la investigación por el femicidio de Agostina Vega y la correspondiente solicitud de elevación a juicio formulada por el fiscal Raúl Garzón contra Claudio Barrelier. El eje central del planteo opositor radica en cómo la fiscalía de Garzón recalificó y acumuló en el mismo expediente un grave hecho previo, ocurrido en mayo de 2025, que estuvo en manos de Rodríguez y cuya víctima fue otra joven que logró escapar.

La legisladora Brenda Austin, una de las principales espadas políticas de la acusación, apuntó directo al corazón del funcionamiento judicial y político local. "Actuó en muchas causas como un fiscal del poder", expresó la radical al apuntar contra Rodríguez.

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La parlamentaria fundamentó la ampliación en la evidente falla de encuadre legal que cometió Rodríguez al intervenir en el hecho previo de 2025: "Cuando hay lo que se llama concurso real de delitos —es decir, una conducta que encierra varios tipos penales como amenaza de arma de fuego, privación ilegítima de la libertad, abuso sexual en grado de tentativa, e incluso la hipótesis que podría haberse derivado de que se estaba ante una red de trata—, todos esos hilos deberían haber dado lugar a una imputación legal mucho más grave que la de solo privación ilegítima de la libertad”.

Para Austin, aquella «mutilación» del tipo penal por parte de Rodríguez tuvo consecuencias directas y trágicas: “La decisión de hacer eso es lo que le permite después dejarlo en libertad, excarcelarlo, por el tipo de pena del que se trata”.

En declaraciones a Perfil Córdoba, la legisladora introdujo la hipótesis política más pesada de la ampliación de denuncia. “La presencia de su abogado defensor en ese momento, Ricardo Moreno, con altos vínculos con el poder político, vuelve a actuar como una presión a un fiscal que claramente actúa en muchas causas como un fiscal del poder".

"Y la ampliación lo que hace es demostrar que cuando otro fiscal analizó los mismos hechos decidió efectivamente una calificación legal más grave: la de privación ilegítima de la libertad más abuso sexual en grado de tentativa”, remató la integrante de la bancada UCR.

Las 5 claves de la ampliación

El escrito presentado ante el Jury —al que accedió este medio y que lleva la firma de los bloques UCR, Frente Cívico, PRO, Valores Republicanos, La Libertad Avanza, Mejor Futuro, Construyendo Córdoba, Encuentro Vecinal Córdoba e Izquierda Socialista – FIT Unidad— pivotea sobre cinco pilares técnicos y políticos:

El «hecho nuevo» como eje central: la elevación a juicio de Barrelier

El escrito se estructura en torno al reciente dictamen de la Fiscalía del Distrito 3 Turno 7, que clausuró la instrucción y solicitó el juzgamiento de Claudio Barrelier. La inclusión en dicha elevación de la causa iniciada en mayo de 2025 (Expte. N.º 13796314) traslada el debate de una mera crítica teórica a un hecho procesalmente consolidado.

Acumulación de causas y agravamiento de imputaciones

La acusación penal vigente unificó dos episodios gravísimos bajo concurso real: por un lado, el femicidio de Agostina Vega, calificado como «abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, violencia de género (femicidio) y criminis causa»; por el otro, el hecho de 2025, encuadrado formalmente como «abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad calificada».

Cuestionamiento a la «calificación benévola» y fragmentación probatoria

Los denunciantes sostienen que Rodríguez aplicó un criterio reduccionista al desestimar el cuadro completo del hecho de 2025. Pese a que la víctima denunció engaño, privación de la libertad, inmovilización, uso de arma de fuego y la obligación de desnudarse, el fiscal recortó el alcance del hecho y aplicó una figura penal de menor cuantía.

La consecuencia directa: la liberación del sospechoso

Es el punto de mayor voltaje político. La aplicación de un encuadre legal indulgente por parte de Rodríguez fue la llave procesal que permitió a Barrelier recuperar la libertad tras permanecer apenas 20 días detenido en 2025. Para la oposición, la liberación fue fruto del déficit en la evaluación del riesgo procesal.

Contraste probatorio y falla funcional

Si bien la presentación aclara que no busca usurpar la competencia de los jueces, remarca que la rectificación del propio Ministerio Público Fiscal al elevar la causa con cargos mucho más graves expone de manera inobjetable la falla sustancial en la investigación original desarrollada por Rodríguez.

La UCR ampliará la denuncia contra el fiscal Iván Rodríguez tras la elevación a juicio a Barrelier

Un frente transversal contra el "fiscal del poder"

El frente opositor unificado busca arrinconar el hermetismo del Jury de Enjuiciamiento. En el entorno de los legisladores firmantes recuerdan que esta conducta omisiva de Rodríguez no es aislada, remitiéndose al antecedente de la causa conexa del Hospital Neonatal, donde el funcionario archivó las denuncias que apuntaban a las responsabilidades de los funcionarios públicos.

Con la ampliación ya ingresada y la causa de Agostina Vega con pedido de elevación a juicio oral y público, la oposición cordobesa elevó la apuesta: exige que el tribunal defina si sostendrá o abrirá el proceso de destitución contra un fiscal al que ubican "en el centro del esquema de impunidad institucional".